Diario de León, 9/3/2016.- Una de las reformas legales más polémicas de la pasada legislatura es la que se planteó para las administraciones locales. Probablemente el primer fracaso surgió por la falta de disposición de los grandes partidos que, como en tantos temas, hizo imposible un consenso para abordar el que debería ser considerado como un asunto de Estado. El Partido Popular sacó adelante, con su mayoría absoluta, un intento de poner orden en las instituciones —un fin loable y probablemente compartido por todos— pero se generaron un buen número de polémicas que llegaron hasta el Constitucional en forma de recursos. El alto tribunal ha empezado a pronunciarse. Ayer se hizo pública una sentencia con relación a una reclamación de la Asamblea de Extremadura. En líneas generales el Constitucional da el visto bueno a la reforma y avala sus fines, pero rechaza de plano el asunto que más inquietud y más quejas suscitó en la provincia de León. El Gobierno cometió un abuso con su precepto de que las juntas vecinales que no presentasen las cuentas ante las autoridades autonómicas o nacionales serían suprimidas. El Constitucional considera que esa iniciativa no procede puesto que la gestión de las administraciones locales depende únicamente de las comunidades. La reforma local supuso un exceso al intentar predisponer qué deben hacer los gobiernos autonómicos con quienes no cumplan.
La sentencia, que previsiblemente tendrá más entregas en el futuro por los otros recursos existentes, pone orden y evidencia que en la reforma se superaron barreras legales.
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