viernes, 25 de marzo de 2016

Diputación de León saca adelante, con la oposición de C's e IU, un informe sobre la ordenación territorial en la provincia

Ileon.com, 23/3/2016.- El Pleno de la Diputación de León sacó hoy adelante, con la oposición de los diputados de Ciudadanos y de IU-En Común, un informe sobre las Unidades Básicas de Ordenación del Territorio (Ubost) de la provincia. De esta manera se ha rozado el consenso que pretendía el equipo de Gobierno de la institución provincial, motivo por el que ayer decidió aplazar a la jornada de hoy la aprobación de este documento que finalmente ha contado con el respaldo del PSOE, UPL y Coalición por el Bierzo (CB), que ayer negaron su apoyo a este informe.

En la propuesta se insta a la Junta a que "de forma detallada y a la mayor brevedad" dé a conocer al mapa de servicios de todas las Ubost, se manifiesta "el más rotundo rechazo" a cualquier pérdida o recorte de los servicios que viene prestando la Comunidad y se propugna que los municipios de las Mancomunidades de Interés General (MIG) puedan decidir sobre sus competencias. También se solicita que los municipios puedan seguir perteneciendo a las mancomunidades manteniendo "su estructura, patrimonio, personal y competencias actuales" o que la Junta reconozca "de forma efectiva" la importancia histórica y raigambre democrática y social de las juntas vecinales.

También se reclama que la inclusión en las Ubost interprovinciales no suponga una ruptura en la unidad provincial en la prestación de los servicios por parte de la Diputación de Leonm que la creación de las MIG no afecte a la autonomía local, que no se produzca "merma" en las competencias de las diputaciones en relación a los municipios de menos de 20.000 habitantes y que se tengan en cuenta las propuestas remitidas a la institución provincial por parte de los ayuntamientos y el Consejo Comarcal del Bierzo a la hora de elaborar el mapa de las Ubost.

En relación a la sesión de hoy, de carácter urgente y extraordinario, en la que se continuó con el debate iniciado ayer, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, recordó que la intención es "buscar el consenso por encima de la mayoría" que dispone el PP, de ahí la celebración de la sesión de este miércoles. Así, tras la reunión mantenida ayer por los portavoces de los grupos políticos para intentar consensuar el documento que se remitirá a la Junta, tanto PSOE como UPL y Coalición por el Bierzo cambiaron el sentido de su voto y respaldaron el informe.

El portavoz socialista, José Pellitero, reconoció que el informe que se ha elaborado contradice "todo lo que expone la Junta" pero insistió en que se rechaza el mapa que quiere "imponer" el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, instó a la institución provincial a cambiar el sistema de trabajo para tener "mayor conexión entre el equipo de Gobierno y la oposición", algo que estimó que irá "en beneficio de la provincia".

Por parte de la UPL, Matías Llorente explicó que la ley no recoge "la mayoría de peticiones" que se incluyen en el documento por lo que ahora "estamos en manos de las Cortes y los procuradores", por lo que votó a favor pero puntualizó que "se va a desarrollar una ley que ya está aprobada", además de que insistió en que el futuro de la provincia estará en las mancomunidades y los consorcios. Por su parte, el portavoz de CB, Pedro Muñoz, dijo un sí "absolutamente rotundo al documento" al entender que es "de justicia" dado que se incluye "en su totalidad" las resoluciones aportadas por el Consejo Comarcal del Bierzo.

Ciudadanos mantuvo su voto contrario y propuso una descentralización que dé "mayor independencia" a los municipios, lo mismo que hizo el representante de IU-En Común, quien apostilló que el informe "contradice a la propia ley" por lo que "queda muy bien, pero no deja de ser un canto de sirena", lamentó. "Estamos de acuerdo en estos puntos, pero de poco van a servir" por lo que instó a la Diputación a rechazar la propia ley "por sensatez".

jueves, 17 de marzo de 2016

El PSOE propone que la Constitución ampare la existencia de las pedanías

Concejos.org.- La Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Adriana Lastra Fernández, manifestó ayer 12 de marzo, ante la asamblea de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España la intención de su partido de promover una reforma constitucional que ampare la existencia de las entidades locales menores, proporcionándoles, de esta manera, una garantía jurídica que impediría que reformas como la que llevó acabo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura pongan en jaque la existencia de este primer nivel de la Administración.

Según informó ayer el secretario general de la federación española, Carlos González-Antón, la asamblea, que se reunió en Oviedo, aplaudió esta iniciativa, que blindaría a las juntas vecinales de la legislación que pudieran desarrollar las comunidades autónomas, vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pone en manos de éstas dotarlas de competencias.

González-Antón también destacó el anuncio de Lastra por el que «los grupos políticos promoverán en el la Comisión de Administración Local del Congreso la derogación de la reforma de la administración local del ministro Montoro», aspecto en el que se ha trabajado con Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Además, se promoverá una nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la normativa sobre haciendas locales. El PSOE «llamará a la federación estatal a participar en el grupo de trabajo» para la reforma de ambos textos normativos, apuntó el secretario general. Ante la posibilidad de que se produzcan estos cambios legales, la federación creó ayer una gabinete técnico, con miembros de las federaciones catalana, vasca, asturiana y leonesa.

La financiación de las entidades locales menores fue otro de los aspectos que se abordaron en la jornada de la federación de concejos, que defiende que la s directrices fundamentales de ésta «deben contemplarse en la ley básica estatal». González-Antón defendió el carácter democrático de concejos, parroquias y juntas vecinales, por ser el único nivel de la administración local en el que «el presidente se designa por elección directa» y aseguró que la Unión Europea «tiende ahora a reforzarlas y fomentar su creación, por tratarse de entes más eficientes si se gestionan bien y se modernizan, al prestar servicios donde no llegan los ayuntamientos».

Puesta en práctica

La federación española de concejos ve con buenos ojos las propuestas del Partido Socialista «siempre que se lleven a la práctica». Los representantes de las juntas vecinales trabajarán «para que se contemplen todos los tipos de entidades locales menores, que, en muchos casos son anteriores a la creación de los municipios y cuyo nivel de competencias no tiene por qué entrar en conflicto con el de los ayuntamientos». Se trata de «confeccionar una traje amplio», que ampare «desde los pequeños concejos del Pirineo o León a otros de carácter más urbano». Esta regulación «es compatible con otras ordenaciones del territorio, como las fusiones de municipios».

domingo, 13 de marzo de 2016

El PSOE propone que la Constitución ampare la existencia de las pedanías

Diario de León, 13/3/2016.- La Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Adriana Lastra Fernández, manifestó ayer ante la asamblea de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España la intención de su partido de promover una reforma constitucional que ampare la existencia de las entidades locales menores, proporcionándoles, de esta manera, una garantía jurídica que impediría que reformas como la que llevó acabo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura pongan en jaque la existencia de este primer nivel de la Administración.

Según informó ayer el secretario general de la federación española, Carlos González-Antón, la asamblea, que se reunió en Oviedo, aplaudió esta iniciativa, que blindaría a las juntas vecinales de la legislación que pudieran desarrollar las comunidades autónomas, vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pone en manos de éstas dotarlas de competencias.

González-Antón también destacó el anuncio de Lastra por el que «los grupos políticos promoverán en el la Comisión de Administración Local del Congreso la derogación de la reforma de la administración local del ministro Montoro», aspecto en el que se ha trabajado con Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Además, se promoverá una nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la normativa sobre haciendas locales. El PSOE «llamará a la federación estatal a participar en el grupo de trabajo» para la reforma de ambos textos normativos, apuntó el secretario general. Ante la posibilidad de que se produzcan estos cambios legales, la federación creó ayer una gabinete técnico, con miembros de las federaciones catalana, vasca, asturiana y leonesa.

La financiación de las entidades locales menores fue otro de los aspectos que se abordaron en la jornada de la federación de concejos, que defiende que la s directrices fundamentales de ésta «deben contemplarse en la ley básica estatal». González-Antón defendió el carácter democrático de concejos, parroquias y juntas vecinales, por ser el único nivel de la administración local en el que «el presidente se designa por elección directa» y aseguró que la Unión Europea «tiende ahora a reforzarlas y fomentar su creación, por tratarse de entes más eficientes si se gestionan bien y se modernizan, al prestar servicios donde no llegan los ayuntamientos».

Puesta en práctica

La federación española de concejos ve con buenos ojos las propuestas del Partido Socialista «siempre que se lleven a la práctica». Los representantes de las juntas vecinales trabajarán «para que se contemplen todos los tipos de entidades locales menores, que, en muchos casos son anteriores a la creación de los municipios y cuyo nivel de competencias no tiene por qué entrar en conflicto con el de los ayuntamientos». Se trata de «confeccionar una traje amplio», que ampare «desde los pequeños concejos del Pirineo o León a otros de carácter más urbano». Esta regulación «es compatible con otras ordenaciones del territorio, como las fusiones de municipios».

sábado, 12 de marzo de 2016

La Federación de Concejos de España analiza hoy la sentencia del TC

12/3/2016.- DL | LEÓN La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España se reúne hoy en Oviedo para analizar, entre otras cuestiones, la sentencia publicada esta semana por el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración (conocida como Ley de Reforma Local) aprobada por el gobierno del PP en diciembre de 2013,

El encuentro, que tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a partir de las 11 horas, comenzará con la apertura del director general de Administración Local del Principado de Asturias, Ricardo Suarez Arguelles, para dejar paso a ña responsable de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del

PSOE, Adriana Lastra Fernández, que presentará a los representantes de las juntas vecinales la política que tiene previsto seguir el PSOE con las Entidades Locales Menores. A continuación, se detallarán las propuestas que la Federación Estatal va a pedir al partido socialista en relación con el Régimen Local para las ELM, el Decreto de Funcionarios Habilitados, financiación y acceso a las nuevas tecnologías, entre otros asuntos.

A partir de las 12.35, el presidente del colectivo, Andrés Delfín Rojo del Valle, dará cuenta del informe de gestión de la federación. Las distintas federaciones convocadas a la reunión, procedentes de todo el país, expondrán expondrá su situación y trabajos que se están llevando a cabo en cada provincia o comunidad autónoma. Seguidamente, se abordará el estado de cuentas de la federación y se iniciará el proceso para la selección de los nuevos cargos de presidente, secretario y tesorero de la Federación.

miércoles, 9 de marzo de 2016

El Constitucional deja en manos de la Comunidades las supresión de las juntas vecinales incumplidoras

Ileon.com, 8/3/2016.-Una sentencia del Tribunal Constitucional anula preceptos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ('Ley Montoro') por invadir competencias autonómicas. Anula, entre otras cuestiones, el precepto que prohíbe a las comunidades atribuir a los entes locales servicios de asistencia social y atención primaria a la salud.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente y por unanimidad un recurso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) o 'Ley Montoro' declarando la nulidad de algunos de sus preceptos por entender que invaden competencias de las comunidades autónomas o que incumplen la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 157.3 de la Constitución Española.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, indica que la finalidad de esa ley es garantizar "la eficiencia en el uso de los fondos públicos locales" y racionalizar la Administración local "para asegurar su sostenibilidad y el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria".

En la exposición de motivos, el Constitucional explica que la norma impugnada trataba de adaptar la normativa básica en materia de Administración local a las exigencias de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mediante la modificación de dos normas estatales: la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

Según el TC, el Estado tiene las competencias para introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local, y por eso avala la mayor parte de los preceptos impugnados por al Asamblea extremeña. Pero algunos de los preceptos y disposiciones recurridos rebasan los límites marcados por dicha doctrina y son declarados inconstitucionales y nulos por el tribunal.

Cuatro bloques

La sentencia divide el recurso en cuatro grandes bloques. El primero incluye los preceptos referidos al mapa local; el segundo, los relativos a las competencias locales; en el tercero se integran los artículos referidos al plan económico financiero que deben ejecutar los entes locales cuando incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de gasto; y en el cuarto y último bloque, los referidos a la retención de cantidades adeudadas por las comunidades autónomas con cargo al sistema de financiación autonómica.

Juntas vecinales

Las Comunidades Autónomas tendrán que decidir el futuro de las juntas vecinales que no presenten sus cuentas

La sentencia declara inconstitucional y nulo el inciso "Decreto del órgano de gobierno de" de la disposición transitoria 4ª de l polémica normativa. Dicha disposición preveía la supresión de entidades locales menores ya constituidas cuando no presenten sus cuentas a la comunidad autónoma o al Estado. El Constitucional considera que es la comunidad autónoma la que tiene el encargo de acordar la disolución y no el Estado. El Tribunal considera que el Estado puede, al amparo del art. 149 de la Constitución, dictar algunas reglas o previsiones básicas, como es la obligación de presentación de cuentas contenida en la disposición impugnada pero que que excede "claramente los límites de la competencia estatal" es "predeterminar el órgano de la Comunidad Autónoma que ha de acordar la disolución y la forma que ha de revestir esta decisión" pues, afirma la sentencia, son "cuestiones de organización administrativa" de la Comunidad Autónoma.

La sentencia recoge que "el Estado no ha disuelto directamente entidad local menor alguna ni ha invadido las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas". Considera que la medida de exigir la presentación de cuentas públicas es una norma adecuada y de obligado cumplimiento constitucional pero que "queda en manos de las propias entidades locales menores y de sus Ayuntamientos evitar su disolución (o transformación en formas de organización desconcentrada) mediante el cumplimiento de una carga a todas luces razonable". En consecuencia la decisión sobre qué hacer en caso de que una junta vecinal no presente sus cuentas queda en manos de la Comunidad Autónoma "la adopción de la medida correspondiente" y " 
"apreciar el incumplimiento que acarrea aquellas consecuencias y, afirmado el incumplimiento, decidir entre disolver sin más la entidad local menor o conservarla como forma de organización desconcentrada".

Otros preceptos inconstitucionales

También es inconstitucional y nulo el párrafo tercero de la disposición transitoria 11ª, que vulnera el Estatuto de Autonomía de Extremadura al hacer "indicación precisa del órgano autonómico al que corresponde iniciar y resolver el expediente de disolución" de las mancomunidades de municipios.

El tribunal también decreta la inconstitucionalidad del precepto que prohíbe a las comunidades autónomas atribuir a los entes locales servicios de asistencia social y atención primaria a la salud como "competencias propias locales".

Los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud, explica el tribunal, son competencia de las comunidades autónomas que "el nivel municipal venía prestando porque así lo decidieron (o permitieron) las comunidades autónomas (al amparo de los Estatutos) o el Estado" (en aplicación del artículo 149.1.18 de la Constitución), "o, simplemente, porque fueron desarrollados de hecho por los ayuntamientos".

La sentencia explica que el Estado "sólo podrá atribuir competencias locales específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate".

El Constitucional frena el ataque contra las pedanías

Diario de León, 9/3/2016.- Una de las reformas legales más polémicas de la pasada legislatura es la que se planteó para las administraciones locales. Probablemente el primer fracaso surgió por la falta de disposición de los grandes partidos que, como en tantos temas, hizo imposible un consenso para abordar el que debería ser considerado como un asunto de Estado. El Partido Popular sacó adelante, con su mayoría absoluta, un intento de poner orden en las instituciones —un fin loable y probablemente compartido por todos— pero se generaron un buen número de polémicas que llegaron hasta el Constitucional en forma de recursos. El alto tribunal ha empezado a pronunciarse. Ayer se hizo pública una sentencia con relación a una reclamación de la Asamblea de Extremadura. En líneas generales el Constitucional da el visto bueno a la reforma y avala sus fines, pero rechaza de plano el asunto que más inquietud y más quejas suscitó en la provincia de León. El Gobierno cometió un abuso con su precepto de que las juntas vecinales que no presentasen las cuentas ante las autoridades autonómicas o nacionales serían suprimidas. El Constitucional considera que esa iniciativa no procede puesto que la gestión de las administraciones locales depende únicamente de las comunidades. La reforma local supuso un exceso al intentar predisponer qué deben hacer los gobiernos autonómicos con quienes no cumplan.

La sentencia, que previsiblemente tendrá más entregas en el futuro por los otros recursos existentes, pone orden y evidencia que en la reforma se superaron barreras legales.