viernes, 18 de diciembre de 2015

El silencio de los Concejos

Concejos.org.- CARLOS GONZÁLEZ- ANTÓN ÁLVAREZ ABOGADO. CATEDRÁTICO EU DE DERECHO ADMINISTRATIVO 18/12/2015

Los próximos cuatro años serán determinantes para el futuro de nuestras juntas vecinales y concejos. Las reformas emprendidas tanto por el Gobierno estatal como por el autonómico afectarán tan severamente a los entes locales menores que estas instituciones, que han gobernado nuestros pueblos durante diez siglos, o bien se modernizan y adaptan a las nuevas realidades, o bien desaparecerán. El momento es crítico y en estas elecciones generales la Administración local de territorios como el de León, se está jugando mucho.

En la última legislatura, ante las amenazas de supresión, los pueblos han tomado conciencia de la necesidad de tener voz propia y han creado sus federaciones provinciales, autonómicas y estatal. Organizaciones que, salvo alguna excepción, han sido ninguneadas por administraciones y partidos políticos, que ven en las reivindicaciones de los pueblos una amenaza para la distribución actual de poder e influencias. Esperemos que esta percepción cambie.

La legislación local estatal ha afectado de lleno a las ELM, privándolas con carácter general de su carácter de ente local, exigiendo una rendición de cuentas y un régimen presupuestario de una complejidad no adaptada a su tamaño y la incorporación a una administración electrónica muy alejada de sus capacidades. Tampoco se ha actualizado la regulación de los secretarios de las juntas vecinales. Si ello se une, en el caso de Castilla y León, una nueva ordenación del territorio en la que no se tienen en cuenta las competencias que prestan nuestros pueblos, estamos ante un escenario en el que lo que hagan nuestros legisladores a partir de enero conformará radicalmente el futuro de nuestra Administración Local.

Si bien algunos opinan que todas las juntas vecinales deberían desaparecer, parece obvio que en provincias como León, o Palencia, o Burgos, si un nivel administrativo es insustituible es el de los concejos, pues sería totalmente inasumible la gestión por el Ayuntamiento de los asuntos colectivos de todos los pueblos en su dispersión. Nuestros pueblos tienen bienes comunales, montes de utilidad pública y de propios, bares y centros comunitarios, prestan servicios como abastecimiento de agua, organizan fiestas y romerías. Todas estas competencias y servicios deben seguir ejerciéndose y prestándose desde el ámbito más cercano al ciudadano, que es precisamente el concejo o junta vecinal. No hace falta apelar al principio europeo de subsidiariedad, sino al sentido común y a la eficacia.

¿Qué debemos pedirles a nuestros futuros diputados? En primer lugar, que devuelvan a los concejos la naturaleza jurídica de verdaderos entes locales, perdida en la última reforma legislativa. En segundo lugar, que refuercen el concejo como forma de gobierno absolutamente democrática. En un momento en el que todos dicen querer fomentar la participación ciudadana en el ámbito local, se debería recuperar la figura del concejo como institución en la que ha residido durante siglos la democracia directa. Reforzar el concejo en la legislación básica local y en el régimen electoral general como forma de gobierno de los entes locales menores sería una prueba de verdadera calidad democrática.

En tercer lugar, se debe flexibilizar la normativa presupuestaria y contable, para que, garantizando la plena rendición de cuentas, se faciliten las tareas burocráticas. El Gobierno debe crear una plataforma de Administración electrónica común para las 3713 ELM que hay en España, para facilitar estas tareas con el mínimo coste. Por último, debe tomarse en serio la necesidad de regular la función de secretaría e intervención en los concejos y juntas vecinales, para dotarles de asesores y fedatarios públicos fiables e independientes.

La simplificación de los niveles de la administración local tendrá en los concejos un claro beneficiario, pues de esta forma podrán llegar más recursos a los pueblos. La multiplicación de cargos y entes intermedios en el mundo local solo sirve para que a las juntas vecinales nadie las tenga en cuenta, pues cada vez están más lejos de los centros de poder. Muchos políticos olvidan que nuestros pueblos no están regidos por ayuntamientos, sino por juntas vecinales; y siempre lo han estado. Por ello, si los ayuntamientos son tan débiles como las juntas vecinales, más que una ayuda son un lastre y se hundirán juntos. Nuestras juntas vecinales necesitan ayuntamientos fuertes y estos ayuntamientos necesitan juntas vecinales eficaces que sean la Administración de cercanía que siempre han sido. Mantener ayuntamientos débiles; multiplicar mancomunidades, distritos o unidades básicas; perpetuar diputaciones que solo dan a los pueblos 5.000 euros al año y no a todos, es condenar a nuestros pueblos y a nuestra provincia al subsidio y finalmente a la despoblación.

Nuestros pueblos necesitan más apoyo que subvenciones. Necesitan menos limosnas y más confianza para que generen más recursos de sus montes, de sus comunales, de su actividad. En vez de trabas administrativas, requieren tener un sistema competencial y de financiación estable. Es urgente un programa de modernización para ser útiles a sus vecinos en el siglo XXI. El próximo 20 de diciembre nos jugamos el futuro de nuestros pueblos, el futuro de León. Pero para ganarlo, los concejos deben alzar su voz de nuevo.

jueves, 3 de diciembre de 2015

Las pedanías denuncian su exclusión del grupo de trabajo de la reordenación

Diario de León, MARÍA CARNERO | LEÓN 02/12/2015.- Tanto la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, como la de Castilla y León, manifestaron ayer su malestar y estupefacción por quedar excluidos del grupo de trabajo creado por la Junta de Castilla y León y la Federación Regional del Municipios y Provincias para diseñar la ordenación del territorio en la comunidad.

Según Andrés Buelta, presidente de la Federación que en la actualidad engloba a un total de 2.224 entidades locales menores en todas las provincias de la comunidad, «el nuevo mapa del territorio de Castilla y León no puede concebirse sin la opinión de las juntas vecinales que son las que en muchas ocasiones prestan los servicios básicos a los vecinos».

Por su parte, el secretario de esta Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón recordó ayer además que en la última reunión que mantuvieron con el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, el pasado mes de septiembre, para precisamente abordar las distintas modificaciones que se plantean en la ordenación del territorio, se acordó que la institución provincial solicitara a la Junta de Castilla y León la creación de una mesa de trabajo conjunta, petición que más tarde fue rechaza por el Gobierno autonómico al no considerarla necesaria.

«Lo menos que podían hacer es invitar a las pedanías a participar en este debate sobre todo cuando el objetivo es el reparto de las competencias», aseguró González-Antón.

El secretario de la Federación leonesa explica que muchas pedanías asumen en este momento competencias propias de los Ayuntamientos. «Si lo que se quiere es municipalizar esos servicios hay que negociar con las pedanías una cesión voluntaria y fijar una indemnización antes de llegar a una expropiación forzosa», explicó. Por eso insiste en la necesidad de favorecer el diálogo con las juntas vecinales a la hora de orquestar la nueva ordenación territorial.

Por eso puso como ejemplo la apuesta de la Diputación de crear una mesa de trabajo específica «que no debe quedarse a nivel municipal, ya que los ayuntamientos que no tienen a su cargo juntas vecinales tienen una visión totalmente diferente a las que sí las tienen».

Según explicó el pasado lunes el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, «se ha dado un paso más», el último, precisó, para culminar el nuevo modelo de ordenación del territorio con la constitución de este grupo de trabajo que se volverá a reunir después de las navidades y que lo hará cuatro o cinco veces para en el inicio de la primavera poder aprobar la delimitación de la cartera de 27 funciones a las que se podrán adherir de forma voluntaria las mancomunidades.

El consejero recordó que hasta ahora se ha aprobado la Ley de Ordenación del Territorio hace dos años que delimita las áreas funcionales estables en los municipios de más de 20.000 habitantes y los alfoces, que suponen 1,6 millones de habitantes, al tiempo que se ha aprobado la participación de los tributos propios de la comunidad, se dio luz verde también al decreto de organización y funciones de las mancomunidades de interés general y desde el 30 de septiembre está en información pública el Mapa de unidades básicas rurales.