Diario de León, 30/11/2014, María Carnero.- Aunque todavía faltan por rendir cuentas a 57 de las 1.231 juntas vecinales de la provincia, ya es posible saber algunas de las cifras globales que mueven al año las entidades locales menores leonesas. Gracias a la plataforma puesta en marcha por el Tribunal de Cuentas (rendicionedecuentas.es) es posible conocer al detalles los gastos, ingresos y los presupuestos correspondientes al año 2013 de todas y cada una de las juntas vecinales.
Durante el último ejercicio, y según las cuentas presentadas hasta octubre, las juntas vecinales de León registraron unos ingresos superiores a los 32,3 millones de euros en concepto de tasas, ingresos patrimoniales, enajenaciones y transferencias de capital.
Por su parte, los gastos de las mismas entidades locales menores ascendieron a 27,4 millones de euros, que se destinaron mayormente a gastos corrientes y financieros, prestación de servicios e inversiones.
A partir del 1 de enero de 2015 la rendición de cuentas será una obligación para todas las juntas vecinales. Si antes de esta fecha alguna de ellas no ha puesto sus números a disposición del Tribunal de Cuentas se podría iniciar el proceso para su disolución, según contempla la reforma de la Administración local, por lo que los bienes del pueblo pasarían al ayuntamiento correspondiente.
Por eso es de vital importancia la campaña puesta en marcha tanto por la Diputación de León, cuyo Servicio de Asistencia a Municipios y Cooperación (SAM) está ayudando a muchas de ellas en el proceso de rendición, como desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Su secretario general y asesor legal, Carlos González-Antón, califica de «ejemplo de democracia y de transparencia» la rendición de las cuentas de las entidades locales menores, ya que «a partir de ahora estas cuentas son documentos públicos y contables». Esto significa que cualquier ciudadano podrá desde su casa conocer el estado de las cuentas de su localidad. Un hecho hasta ahora insólito en la administración pública. Pero todavía queda mucho por hacer. Según González-Antón, «es mucha la inseguridad jurídica las juntas vecinales hasta que no se concreten las funciones de los presidentes, los secretarios y los tesoreros de las juntas vecinales». Por este motivo, el Gobierno está elaborando el Reglamento Regulador de Los Funcionarios Locales de Habilitación Nacional, que debería regular estas funciones. «La mayoría de las juntas carecen de secretarios habilitados, por lo que dependen del SAM o de gestorías privadas para elaborar sus cuentas». Por eso considera vital que se potencie la figura del secretario profesional y cualificado, para resolver los conflictos de intereses entre las pedanías y los ayuntamientos y para defender legalmente los intereses de las pedanías. «En estos momentos, el reglamento estatal permite que a falta de secretario o del un servicio como el SAM cualquier persona puede hacer estas funciones», destaca González-Antón.
Situación «alegal»
Desde el punto de vista contable, hasta ahora las juntas vecinales han estado en una situación «alegal», en donde el problema no ha estado tanto en la rendición de cuentas como en la gestión de las mismas. «No se puede gastar más de lo que ingresa, ni destinar remanentes a gastos corrientes, como han hecho muchas pedanías, cuya gestión ha sido más bien caciquil», explica González-Antón.
Otro de los aspectos que más preocupa a la hora de garantizar el futuro de estas entidades está relacionado con la formación, ya que la puesta en marcha de esta ley de transparencia implica conocimientos informáticos para adaptarse a las nuevas exigencias, como la aplicación de la factura electrónica. Por este motivo, sería necesario un mayor esfuerzo de las administraciones que deberían iniciar una campaña de formación y modernización para los responsables de las pedanías.
Otras de las ideas desarrolladas por Carlos González-Antón insiste en la idea de «crear una nueva cultura del concejo», en el que las juntas vecinales trabajen juntas en la defensa de sus intereses, como es el caso de la prestación de servicios. «Si una junta vecinal presta un servicio que debería ser municipal, como por ejemplo el agua, debería haber un convenio por el cual esa junta vecinal sea compensada económicamente por el Ayuntamiento», destaca el representante de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.
González-Antón considera que los problemas económicos, de desertización y la falta de dinamización que sufre la provincia de León pasan por mejorar la gestión del territorio y de los servicios públicos desde la base, que son las entidades locales menores. «Al igual que el Ayuntamiento de León defiende a la capital como cuna del parlamentarismo, la Diputación debería hacer lo mismo con la provincia, ya que es todo un activo europeo del concejo», concluye.
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