Elcomercio.es, 27/10/2013.- Los representantes de las entidades locales menores están agotando todas las posibilidades para frenar la reforma local, tal y como está elaborada en la actualidad. Temen perder la personalidad jurídica y, sobre todo, el patrimonio que han gestionado a lo largo de su historia. «Quieren despojarnos de él y que pase a las manos privadas», advierte Andrés Rojo, presidente de las parroquias de Asturias, que habla sin tapujos de un «ataque a la democracia».
-¿Están resignados ante lo que puede suponer la reforma local para las parroquias?
-Nos preocupa enormemente el proyecto de ley tal y como entró en las Cortes. Puede suponer un varapalo si sale adelante el texto actual, ya que supondría quitarnos la personalidad jurídica. No entendemos por qué nos quieren suprimir cuando no costamos un euro a la Administración y nos financiamos con nuestros recursos. Lucharemos con todos nuestros medios por defender nuestro patrimonio, nuestro territorio y todo ese legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados.
-¿Ven una mano negra detrás de esta ley local?
-Suprimir las entidades locales menores significaría el mayor expolio hacia manos privadas del patrimonio público de la historia. Nuestro patrimonio es muy goloso y esta ley ha sido elaborada para despojarnos de él. Dicho de otro modo, la reforma está diseñada para asaltar la democracia que representamos.
-¿Es verdad que algunos presidentes autonómicos ya se han puesto a vender montes comunales?
-Tenemos conocimiento de que el Gobierno de Castilla-la Mancha que preside la señora Cospedal ya inicio la desafectación de los montes públicos para su posterior venta y alquiler a privados. Todo ello en contra de los informes técnicos emitidos por funcionarios de esa autonomía.
-¿Temen más a los ayuntamientos o a las comunidades?
-Al menos en Asturias, el Gobierno regional siempre se ha pronunciado a favor de que sigan existiendo las parroquias rurales, no algunos ayuntamientos que se han pronunciado claramente por que estas entidades deberían de desaparecer. ¿Por qué será?
-Esta misma semana se reunieron con un representante del Principado. ¿Que le pidieron?
-En la reunión con José Balmori, director general de Administración Local, analizamos lo que puede suponer el impacto de la ley, así como también estudiamos fórmulas que nos permitan cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además, intercambiamos impresiones sobre los presupuestos para las parroquias rurales.
-¿Consideran que el Principado hace bien recurriendo la ley al Tribunal Constitucional?
-Sí. Cómo no se modifique el texto actual se debe recurrir y ese es el compromiso del Gobierno regional. No solo nos afecta la ley a las parroquias rurales sino también a los ayuntamientos y, sobre todo, a los vecinos. Muchas de las prestaciones sociales que reciben son gestionadas por los consistorios y con la nueva ley eso pasaría a administrarse desde otros organismos y una gran parte se privatizaría. Estamos hablando del servicio de basuras, suministro de agua o los servicios sociales, por ejemplo. No habría un control y eso iría en perjuicio de la calidad de los servicios, además de que los vecinos, nos tememos, verían aumentado el coste de esas prestaciones.
-En Asturias, ustedes presumen que las parroquias son rentables. ¿Por qué temen entonces a que les fiscalicen los números?
-Las parroquias somos responsables en todo lo que se refiere a las cuentas: no se gasta más de lo que se ingresa y, cabe no olvidarlo, desde 2006 ya estamos fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas y por el Ministerio de Hacienda que, por cierto, no han encontrado anomalía alguna.
-Sería bueno que se les habilitara alguna fórmula para que fuera más fácil rendir cuentas ¿no?
-Estamos pidiendo a la Administración que se nos dote de un interventor para poder cumplir algunos de los condicionantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros no podemos hacerlo con los medios de los que disponemos.
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