Diario de León, 31/10/2013.- Los nuevos deberes de las juntas vecinales, impuestos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, obliga a estas entidades menores a rendir cuentas de su presupuesto y contabilidad cada ejercicio. Una misión que contará con el apoyo técnico y jurídico de la Diputación, a la que el marco legislativo que ahora se abre también obliga en el auxilio de las pedanías.
Ante la previsión de un aluvión de solicitudes por parte de las juntas vecinales para que la institución provincial les lleve la contabilidad y la gestión presupuestaria, la Diputación ha preparado una nueva ordenanza fiscal para fijar una tasa que cobrará a las pedanías que acudan a este servicio. En la provincia existen un total de 1.233, muchas tienen sus cuentas en asesorías y gestorías privadas.
Según ha podido conocer este periódico, establece una tarifa fija de 150 euros por cada prestación que afecte a un ejercicio presupuestario. Además, fija una variable: equivalente al 0,5% del presupuesto de la junta vecinal vigente en el momento en que presente la solicitud a la Diputación para la realización de un encargo.
Esta tasa no será requerida a las pedanías del Bierzo (264), que cuentan con el apoyo en temas financieros y legales por parte del Consejo Comarcal, ni a las de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes: León, Ponferrada y San Andrés.
El Servicio de Asistencia a Municipios, SAM, será el encargado de prestar esta ayuda. Una misión que obliga a la institución provincial a reforzar la plantilla de este área con más personal llegado de servicios ya extinguidos o sobredimensionados, a través de un plan de empleo que reorganiza varios departamentos.
En concreto, al SAM se sumarán trabajadores de Cooperación, área que desaparece después de largos años de funcionamiento en el apoyo de ayuntamientos y pedanías.
La Diputación de Palencia ya cuenta con una ordenanza similar para sus entidades locales menores, también la de Burgos prepara una similar ante las nuevas obligaciones legales de sus cuentas. Una medida marcada en la Ley de la Reforma Local, actualmente en tramitación parlamentaria, que busca evitar la desaparición de las pedanías, reforzando su papel administrativo con gestión y contabilidad al día.
La ordenanza fiscal 21, número adjudicado a la que fija la tasa que obligará a pagar a las juntas vecinales por recibir el servicio de contabilidad y gestión presupuestaria de la Diputación, incluye tramitación de los expedientes de elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto, elaboración y visto bueno de la cuenta general y la llevanza de la contabilidad.
Según marca la ordenanza, la tasa debe pagarse antes de que el SAM inicie el trabajo.
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