Madridpress.com, 20/5/2013.- En la mayor parte de los países de Europa la Administración Local se ha reducido de forma significativa. Recientemente hemos visto los ejemplos de Grecia e Italia, donde la austeridad se ha llevado por delante más de de la mitad de los entes locales; pero antes de la crisis, países de Europa tenidos como eficientes, efectuaron reordenaciones mucho más drásticas, como Alemania, Suecia o Dinamarca, con el precedente del Reino Unido en los años 50. Si Rajoy hubiese querido, algo similar estaría hecho hoy en España.
Lo remarco, reducir a la mitad el número de concejales es tan fácil como querer. Basta con leer el artículo 179 de la Ley Electoral, para saber que los concejales que corresponden a cada Ayuntamiento se mueven en una escala que va desde 3 para los de menos de 100 residentes, a 25 para los de entre 50.000 y 100.000, a los que se añade un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, de forma que el Ayuntamiento de Madrid es un auténtico “parlamento” de 57 concejales. Por ejemplo, un Ayuntamiento de entre 2.000 y 5.000 habitantes, que hoy tiene 11 concejales, no necesita más de 5, ni uno de 100.000, más de 11 o 13, ni ningún Ayuntamiento, incluidos los de Barcelona y Madrid, debe llegar ni por asomo a los 25.
Para hacer eso, sólo se requiere modificar la Ley Orgánica Electoral General, lo que el PP tiene mayoría sobrada para hacer, e inmediatamente convocar elecciones municipales. No se trata de limitarse a anunciar una reducción demorada a las siguientes elecciones locales, como hicieron a principio de Legislatura y que además sospechosamente no han reiterado. Esto debiera estar hecho. Ya tendría que haber la mitad de concejales en los Ayuntamientos, como mucho. Existe un clamor popular para que los políticos den ejemplo y asuman recortes en sus prebendas. Es indignante que el pueblo sufra, mientras ellos se refocilan en la mamandurria.
Rubalcaba, en las elecciones, prometió suprimir las Diputaciones Provinciales y el propio Felipe González ha insistido en dicho tema. Pues bien, cuando la oposición propone medidas coherentes con el interés general de España, lo que ha de hacer el Gobierno es aplicarlas. Las Diputaciones y sus equivalentes, Cabildos y Consejos Insulares, cuestan alrededor de 23.000 millones de euros anuales, de cuya factura, más del 50% corresponde a gastos de personal.
El Gobierno puede ir todavía mucho más allá, pues cabe reducir fácilmente a menos de la mitad los Municipios de España. De los 8.116 censados por el INE a 1 de enero de 2012, pasar a un máximo de 4.000. Se requiere poco más que obligar a fusionarse a los Municipios de menos de 2.000 habitantes, que son 5.799, el 71,45% del total y suprimir las Entidades Locales Menores. Es tan sencillo, que la única razón para no hacerlo es dar de comer a los militantes de los partidos, con cargo al esquilmado contribuyente. Es verdad que la competencia para alterar los términos municipales corresponde a las Comunidades Autónomas, según el artículo 148.2 de la Constitución; pero las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de sus funcionarios es competencia del Estado (artículo 149.1.18ª) que además dispone de las leyes de armonización del artículo 150.3. No por la chapuza que se hizo con la LOAPA, deja de existir este mecanismo constitucional, en caso de que fuese indispensable recurrir a él.
Con las Comunidades Autónomas hemos topado, amigo Sancho, y sus Consejos Comarcales, que no tendrían razón de ser una vez desaparecidas las Diputaciones y aumentado el tamaño de los Municipios. También ahí habrá que reducir gastos superfluos. En ello incidía con mi idea de una España Federal. Lo mismo hay que hacer con otras autonomías constitucionales (como la local o universitaria) a menudo usadas como pretexto para un gasto fuera de control. Las plantillas de personal y un sistema retributivo casi autocráticos, son un claro ejemplo.
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