DL, carlos j. domínguez | león 04/05/2013. La provincia de León ya ostenta con carácter oficial ser el territorio donde nació el primer parlamento mundial. Fue hace 1.103 años, bajo el reinado de Alfonso IX, cuando convocó en la Curia Regia Extraordinaria, germen auténtico del primer foro parlamentario, a representantes de todo el territorio del Reino de León y todos los estamentos sociales.
Pero León, su mundo rural, esconde otro posible hito histórico político-administrativo que, aunque difícil de documentar, es verosímil: la democracia participativa y directa, esa que está tan de moda entre ciertos movimientos de regeneración como el 15-M. Se trata de los concejos y las juntas vecinales, órganos de Gobierno de las más pequeñas entidades locales, diminutas células a través de las que los vecinos de los pueblos toman sus decisiones más importantes sobre sus bienes vitales (montes, agua, caminos…) escuchando la voz de todos sin excepción y con lo más parecido a la verdadera libertad.
Es verosímil que León fuera también el germen de las hoy denominadas entidades locales menores porque desde siempre, y aún hoy, León ha contado con el número más amplio de las existentes en España, y puede que en toda Europa. España suma 3.719 pedanías (o concejos o parroquias rurales, según el territorio) y de ellas el 33%, nada menos que 1.232, pertenecen a la provincia leonesa. Son mayoría abrumadora.
Esto quiere decir que la amenaza de desaparición de estas entidades básicas que supone el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impulsa el Gobierno central, tendrá el efecto más demoledor en la provincia como a ningún otro lugar de España.
Sólo así se explica que sea León donde tomado cuerpo la organización nacional que trata de defender con uñas y dientes a las juntas vecinales a través de su unión, para construir juntos un David que frene al Goliat de las reformas y los recortes. Se trata de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España. A día de hoy, la Federación aglutina a las federaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, Palencia, Salamanca, Soria y León, la colaboración de las organizaciones de Álava, Cataluña, Extremadura y entidades locales de otros territorios, adscritos de forma directa.
Y como no, su máximo responsable es un leonés, berciano para más señas: Marcos Cubelos, actual alcalde pedáneo de Magaz de Abajo (Camponaraya). El mismo que también preside la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, nacida tan sólo hace ocho meses, ya con más de 160 miembros y creciendo.
Cubelos lanza siempre que puede un grito de lamento por el peligroso momento que les toca vivir a unas entidades con siglos de historia, pero lo compagina con un canto de esperanza. Una esperanza que, de modo muy resumido, pasa por «que todas las juntas vecinales presenten su estado financiero, sus cuentas, algo que es vital».
Pone el dedo en la llaga de «la transparencia» de las cifras de los pueblos, un objetivo prioritario que evidencia el punto débil por el que viene la amenaza a su supervivencia: la Ley estatal prevé que la pedanía que no rinda cuentas claras desaparezca del mapa. A través de esta reforma, el Gobierno autoriza a la Comunidad Autónoma a convertirse en ejecutora de las entidades locales menores y a dejar toda la gestión de sus valiosos bienes a los ayuntamientos. Y eso es un gravísimo problema, porque como Cubelos reconoce «más del 80% no cumplen hoy este requisito». El Ministerio de Administraciones Públicas eleva mucho más la cifra: hasta el 96%. Sin embargo, en pocos meses estas cifras están cambiando, pues las entidades locales menores están reaccionando con rapidez.
La unión hace la fuerza
Sin embargo, el presidente estatal y provincial es optimista. Cree que «gracias al hecho de unirnos y ser por primera vez interlocutores con el Gobierno y la Junta» se podrán llevar las riendas que siempre anduvieron desgobernadas. No en vano, se han producido en el último mes dos hitos históricos: el apoyo institucional unánime en las Cortes de Castilla y León; y la primera reunión estatal común de los territorios con la mayoría de estas entidades, celebrada en León, «la primera en diez siglos». La organización se ha estructurado a nivel provincial, autonómico y estatal, lo que las permite actuar en todos los ámbitos.
Aprovechando el peso específico creciente de las pedanías, y tras conseguir su supervivencia, los siguientes objetivos de ambas federaciones son «representar a nuestros pueblos, a sus intereses» y por supuesto «asesorarles, porque las administraciones superiores jamás lo van a hacer. Al tener muchas veces intereses enfrentados».
Por esa razón, Carlos González-Antón, secretario y asesor jurídico de la Federación, advierte de que se puede producir, si no se evita, algo tan duro como «un genocidio administrativo» de las entidades locales menores. «Inicialmente se propuso la desaparición total de un patrimonio social histórico de siglos, dilapidado por no se sabe qué ahorro económico».
El proyecto de Ley gubernamental, efectivamente, se justifica en la racionalización administrativa y su consiguiente ahorro de fondos públicos. La lógica del Gobierno actual es simple: si desaparecen de golpe casi 4.000 entidades locales del país, se cumplirían ciertas exigencias de recortes administrativos que impone Europa y se ahorraría una ingente cantidad de dinero.
Nada más lejos de la realidad, afirma tajante la Federación. La entidad local por debajo del ayuntamiento no sólo no supone gasto público sino, justo al revés, es un ahorro evidente. Por ejemplo, Cubelos reta a señalar al pedáneo o a los vocales que tengan asignado un sueldo por razón de su cargo. «Lo hacemos por auténtico amor a nuestro pueblo», mantiene.
Ese amor al pueblo hace que se ponga del bolsillo vecinal lo que ayuntamientos, diputaciones, autonomías o el Estado no desembolsan. Ahí están, defiende el presidente, el trabajo comunal para arreglar una ermita en hacenderas o facenderas voluntarias, los cuidados de un camino vecinal, la verdadera vigilancia de los bosques cuya madera gestionan o los montes de cuya caza son responsables. La lógica dicta que nadie cuidará de sus valiosos bienes como quien le saca buen provecho y lo siente como propio.
La lucha por mantener primero las juntas vecinales, para después reforzarlas y normalizarlas, es para la Federación una batalla por la supervivencia del mundo rural. «Las pedanías son casi lo único que queda para fijar población; si desaparecen bajan los servicios esenciales y sería imposible vivir», defiende Cubelos. No se explican que se proponga su desaparición «sin hacer ni un simple informe sobre el impacto de esta medida, que sería demoledor». Y si no, cuestiona el presidente, «que alguien del Gobierno nos explique cómo mantendrán servicios básicos ayuntamientos como Riello con 41 juntas vecinales si éstas se desmantelan».
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