jueves, 28 de febrero de 2013

Pueblos a la intemperie


Diario de León, ernesto escapa 28/02/2013.- Los ruidos crecientes del guirigay político, donde no pasa un día sin su escándalo, van dejando de lado y como al descuido la reforma local, cuyos trazos conocidos muestran su vertiente más facinerosa en la provincia de León. Aunque, de momento, nadie repara en lo esencial, que es el destino de ese patrimonio comunitario gestionado durante siglos por las Juntas Vecinales. Los montes, los espacios comunales, los recursos naturales, la caza, los templos, las antiguas escuelas recicladas como centros de reunión y convivencia. Pero no sólo eso. Los trabajos de mantenimiento, mediante hacenderas, del sistema de regadíos, de los caminos y cunetas, de las sendas, el repaso de los tejados, la limpieza de los montes. ¿Qué saben de todo eso en los gatuperios funcionariales?

Le han visto el rédito a la puja de los montes, de la caza, de la explotación micológica y han hecho números con su subasta centralizada, sin reparar en que todo ello, sin los cuidados cercanos, es pura cisquera. Los fuegos acabarían de inmediato en el primer verano con ese manto natural que ahora arropa el entorno de los pueblos. O son muy necios o tienen que darse cuenta. Es verdad que no podemos fiar mucho a la labor mediadora de nuestros representantes, porque tanto procuradores como diputados o senadores padecen olvidos transitorios que les duran cuatro años. Pero alguien tendrá que advertir a los proyectistas de este atropello que la coexistencia en nuestro territorio de entidades menores y municipios, cada cual con su gobierno, es un signo de madurez democrática.

Si los gestores públicos, a la hora de legislar, leyeran algo que no fuera la pragmática recadería de sus consultores, habrían advertido que la estructura administrativa básica de León no es el resultado de un capricho, sino la consecuencia de un poblamiento singular, muy bien estudiado por geógrafos como Martín Galindo o juristas como Azcárate, López Morán y Posada. No son estudios exóticos: la mayoría están publicados en la colección Administración y Ciudadano del ministerio de Montoro. Pero ahí no van a mirar, porque esos autores no facturan y aquí ya sólo cuenta quien aplica una tarifa desmedida. Tampoco cabe esperar mucho de nuestros parlamentarios, que se limitan a darle al botón y embaular.

Lo que vamos conociendo del anteproyecto Montoro para la administración local no es la reforma que necesita este grave problema de la estructura pública. Embiste a ciegas contra la base municipal, mientras consolida y refuerza unas diputaciones que después de doscientos años olvidan a menudo cuáles son sus obligaciones y dónde no pintan nada. Y todo porque Rajoy empezó su carrera en la Diputación de Pontevedra. Cuando el Aznar autonómico recaló en el gobierno de España, concedió de inmediato la gestión del tráfico a Cataluña y la prórroga indefinida al concierto vasco, convirtiendo en eterna la excepción fiscal transitoria. Pero la semana no agota sus traspiés con estos excesos. También se ha sabido que el ministerio de Soria niega ahora el pago de las subvenciones al carbón a los empresarios leoneses del sector. Son millones de euros en el aire. El motivo: las deudas empresariales a la Seguridad Social. El consejero Villanueva califica la extorsión como un escándalo. De esta, acaban con el carbón.

miércoles, 27 de febrero de 2013

La Diputación podría ampliar las ayudas a las juntas vecinales más allá de 2013


Leonoticias, 27/2/2013.- La Diputación de León ha aprobado en el pleno de este miércoles la convocatoria de ayudas del Plan de Juntas Vecinales para 2013, que se estudiará entre los grupos políticos, la posibilidad de ampliarlo más allá de este año, tal y como se venía realizando en las convocatorias anteriores, para que el mayor número de entidades locales posible pueda acogerse a las ayudas.

El portavoz del Grupo Mixto, Matías Llorente, ha pedido durante el pleno que en anteriores convocatorias se llegaron a recibir un millar de solicitudes, por lo que en esta ocasión, con un plan articulado para sólo un año, ha reclamado establecer las “prioridades” que determine una comisión.

Así, ha pedido que las “prioridades pendientes” se extiendan a “próximos años” hasta acabar la legislatura para que la mayor parte de las juntas vecinales puedan optar a la financiación para la realización de obras y otras inversiones.

En este sentido, la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha recordado que “encima” se encuentra la reforma de la administración local, por lo que se está “a la expectativa” de que se configuren mapas y competencias. En función de esto y de las condiciones económicas actuales, ya que se trata de un plan financiado con 1,3 millones aportados al cien por cien por la institución, se decidió circunscribir las ayudas a un año.

Ponferrada-Orense

No obstante, Carrasco cree “correcto” que se establezcan esos criterios y, una vez que se publique la convocatoria de las ayudas, consensuar con los grupos políticos un aplazamiento del Plan de Juntas Vecinales.

Por otro lado, todos los grupos políticos han validado una moción de apoyo institucional ante la “necesidad de la ejecución” de la autovía A-76 (Ponferrada-Orense) al considerarse “prioritaria” por parte de la Diputación. Así, se reclama a la Junta que traslade al Gobierno de España que incluya este proyecto en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) como una vía necesaria “para vertebrar el país”.

Las juntas vecinales, ayer y hoy

Diario de León, David Díez Llamas. Sociólogo 27/02/2013

Las juntas vecinales tienen un papel fundamental en la organización territorial leonesa. Fuera de las burocracias institucionales, que son maquinarias que han demostrado en demasiadas ocasiones su ineficacia, los leoneses han buscado formas de organización propias que de manera directa y más eficaz afronten sus problemas. Diríamos que en ellas se hace un ejercicio de democracia directa y son ejemplo de cómo con pocos recursos se puede actuar con eficacia para dar soluciones que no son teóricas sino reales y que afectan al día a día.

La lucha de las juntas por mantener su capacidad de gobierno no es nueva. Así en 1875 un dictamen ministerial ya trataba de eliminarlas. Ante esa situación Elías López Morán (en su obra Derecho Consuetudinario Leonés) nos reflejaba la situación de los pueblos leoneses cuando nos decía que los ayuntamientos leoneses «nunca han hecho ordenanzas municipales; en primer lugar, porque cada pueblo tenía la suya para su propio régimen, resultando, por tanto, aquéllas enteramente inútiles; y en segundo porque es harto difícil, si no imposible, hacer unas buenas ordenanzas comunes para ocho pueblos que tienen necesidades diferentes y muchas veces encontradas: siempre resultarían inaplicables, o por demasiada deficiencia, o por falta de adaptación a las diarias exigencias de la vida del común».

Así se rechazaba ese proceso centralizador por cuanto se calificaban a las juntas administrativas que pretendían sustituir a las juntas vecinales como enteramente inútiles.

La razón era que se consideraba que «no responden a ninguna necesidad, porque lo que les está recomendado puede hacerlo y lo hace, la reunión de todos los vecinos del común con su correspondiente órgano de ejecución: y porque implica un desconocimiento completo de los más elementales principios de derecho natural. La representación huelga cuando los que han de estar representados pueden practicar directamente, o por sí mismos, con más probabilidades de acierto, puesto que se trata de la dirección de sus propios intereses, y sin obstáculos ni inconvenientes que dificulten de ninguna manera su intervención inmediata, los actos que han de ejecutar los representantes». ¿No creen que esto que se decía hace más de un siglo es enteramente aplicable hoy? A veces es importante tener memoria para evitar caer en los mismos errores.

Son muchos los casos de corrupción que se conocen por diferentes ámbitos geográficos y políticos en distintas instituciones de ámbito municipal, autonómico o del Estado. Sin embargo no conozco ejemplos de esto mismo en el marco de las juntas vecinales. Sencillamente creo que ello se debe a que los cargos de las juntas vecinales en su gran mayoría no cobran por ejercer sus funciones. Además el control social es mucho más directo.

El arraigo de las juntas vecinales está asociado a la propia historia leonesa por cuanto se dice que «son su forma de gobierno desde antes de los tiempos en que se redactó el Fuero Juzgo». Sin embargo también hay otros valores como la eficacia o la representatividad.

Uno de los problemas importantes que tiene nuestra sociedad actual es el profundo desapego de la ciudadanía a sus instituciones. Alguien debería de reflexionar en base a qué motivos surge esa situación y que circunstancias distintas hacen que en los pueblos leoneses exista una profunda sintonía entre los deseos ciudadanos y sus juntas. En mi opinión el motivo es claro, mientras que en las juntas vecinales hay una implicación directa de la ciudadanía en las decisiones y en la acción de gobierno, en otras instituciones la acción de gobierno se ejerce con independencia de la ciudadanía.

Los leoneses levantan su voz por los intentos de suprimir sus juntas vecinales pero tal vez si la supresión fuese de la Junta de Castilla y León entonces esas voces serían mayoritariamente de apoyo. ¿Reducir administraciones para racionalizar el gasto público?, de acuerdo. Pero entonces vamos a eliminar aquellas que generando muchos gastos actúan con muy poca eficacia y muchas veces incluso en abierta oposición a los intereses de la ciudadanía. En unos casos los ciudadanos levantan su voz en defensa de las instituciones que ellos mismos han elegido, mientras en otros lo hacen para rechazar la que se le ha impuesto de modo antidemocrático (la Junta de Castilla y León).

martes, 26 de febrero de 2013

Rubinat solicita a Chamorro que convoque a las cuatro juntas vecinales al Pleno de febrero


Leonoticias, 26/2/2013.- El portavoz del Grupo municipal de Independientes por San Andrés (IxSA), Luis Herrero Rubinat, ha dirigido un escrito al alcalde para que cite a las cuatro juntas vecinales del municipio al próximo pleno municipal que se celebrará el jueves.

Invocan los independientes lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León que establece que “el Alcalde pedáneo, o el Vocal de la Junta Vecinal que él designe, tendrá derecho a asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Ayuntamiento, siempre que en las mismas haya de debatirse algún asunto que afecte a la entidad local menor”. Además, la propia ley garantiza que “para el ejercicio de este derecho deberá ser citado a la reunión de la corporación como un miembro más de la misma y tendrá acceso a la documentación necesaria”.

En el pleno correspondiente al presenta mes, entre otros, se debatirá una moción de IxSA, exigiendo que el ayuntamiento garantice la asistencia de la Secretaría municipal a las Juntas Vecinales. Luis Herrero ha destacado que “sin la asistencia del secretario o funcionario cualificado, los actos de las juntas vecinales son nulos de pleno derecho o, lo que es lo mismo, las cuatro juntas vecinales verían atrofiada su capacidad de gestionar y de realizar la mayoría de las competencias que tienen encomendadas”.

Rubinat teme que, precisamente por ese condicionante, la asistencia del secretario municipal “el gobierno de Rajoy, que no esconde su interés en la desaparición de todas las juntas vecinales de León, encuentre la disculpa perfecta para fagocitar una de las señas de identidad más representativas del acervo cultural leonés”.

La Diputación de León da luz verde a las bases del Plan de Juntas Vecinales, dotado con dos millones de euros


Diario de León, 26/2/2013.- El Pleno de la Diputación de León que se celebrará mañana miércoles dará luz verde a las bases para las subvenciones del Plan de Juntas Vecinales de 2013, que está dotado con dos millones de euros. De ellos, 1.333.000 euros serán para León y 666.000 euros para la comarca de El Bierzo, cuyo Consejo Comarcal será el encargado de gestionar estas ayudas.

El plan permitirá la ejecución de todo tipo de obras en las pedanías. La Diputación subvencionará el 90 por ciento del gasto y el diez por ciento restante lo aportarán las juntas vecinales. Se subvencionarán hasta 9.000 euros.

Una vez recibidas las peticiones por parte de los pueblos, la insitución provincial llevará a cabo el reparto de las ayudas con el consenso de todos los grupos políticos. La intención es que en el verano se puedan estar ejecutando las obras. También se considera este plan como un importante generador de empleo para la provincia, ya que en la contratación de las obras primarán las empresas de la zona y las empresas leonesas, además de dar trabajo a personal de los diferentes municipios.

Desde el año 2007 se han invertido en este plan cerca de 11.700.000 euros, 7.867.718 euros en León y 3.831.523 euros en El Bierzo, lo que ha permitido la ejecución de un total de 1.255 obras en León y 465 en El Bierzo. El año pasado el importe de este plan fue de 1,8 millones y permitió la ejecución de 292 obras, 216 en León y 76 en El Bierzo. Por su parte, la media de obras desde 2007 ha sido en León de 200 y en El Bierzo de 75.

El Pleno también aprobará mañana una moción de todos los grupos en relación al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. En ella, la institución provincial se compromete a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres «para que sea un hecho y no una mera aspiración», con una serie de medidas destinadas a «una transformación real de la sociedad donde las mujeres sean ciudadanas en plenitud de derechos».

Además, se aprobará la cesión al Ayuntamiento de San Pedro Bercianos de la carretera provincial LE-6531 desde la CL-622 por San Pedro Bercianos, de 1.448 metros de longitud, correspondiente a la antigua travesía de la carretera León-La Bañeza a su paso por San Pedro. Se considera necesaria la cesión por tener contar con la mayor parte de su longitud incluida en el trazado urbano y servir únicamente de acceso a la localidad.

lunes, 25 de febrero de 2013

Reivindican más apoyo y asesoramiento a las juntas vecinales

Ileon.com, 25/2/2013.- La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a Junta y Diputación que refuercen los servicios a las juntas vecinales para evitar su desaparición por la no presentación de presupuestos. 


La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, ante la premura de los plazos para la presentación de los acuerdos de aprobación de cuentas de ejercicio pasado y de la aprobación de presupuestos, manifiesta:

Que la Diputación de León, como Gobierno de la provincia de España que tiene más ELM debería requerir a la Junta de Castilla y León para que aprobase el reglamento del servicio de asistencia a las ELM, algo exigido por la Ley de Régimen Local de Castilla y León y requerido por el TSJ de Castilla y León. Debería aprobarse con la máxima urgencia el reglamento autonómico de asistencia de las Entidades Locales Menores, y reformar los reglamentos de los SAM provinciales, para regular la asistencia a las Juntas Vecinales y concejos. El Reglamento del SAM de León debería regular el principal problema actual de las Juntas Vecinales, que es la legalidad de sus acuerdos y saber de antemano qué funcionario-secretario debe intervenir en sus acuerdos.
Que el SAM de la Diputación de León debería reforzar el número de funcionarios de habilitación estatal, actualmente existe un solo funcionario, para poder cumplir con las obligaciones de prestación de los servicios de secretaría a las ELM que prevé la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
Que las ELM de León tienen una gran preocupación por el hecho de que se les puedan rechazar o anular los presupuestos y cuentas tramitados por el SAM, al no ser aprobados con la intervención de Secretario funcionario con habilitación estatal.
Que muchas de las ELM de León están preocupados por los plazos de tramitación en el SAM de su documentación, ante la avalancha de presentaciones motivadas por la reformas legislativas.
La Federación Leonesa reitera la necesidad de que se reúna la Diputación de León con la Federación, a los efectos de coordinar las actuaciones no sólo administrativas, y que la Diputación se posicione de forma clara en los procedimientos legislativos en marcha.

La Diputación de León elaboró 470 presupuestos de juntas vecinales durante 2012


El Norte de Castilla, 25/2/2013.- El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de León elaboró 470 presupuestos de otras tantas juntas vecinales durante 2012, lo que supone un 44% de todas las existentes en la provincia, que suman 1.050 en total sin considerar a las pertenecientes al Consejo Comarcal del Bierzo.

Además, en lo que va de este 2013, ya se han pedido la tramitación de 120 nuevos presupuestos, por lo que desde la Diputación se espera que en este ejercicio se superen las cuentas elaboradas por este servicio provincial durante el pasado año.
Se confirma así el éxito del Servicio de Asistencia a Municipios, puesto que cada año aumenta el número de presupuestos que elabora, ya que en 2006 se tramitaron 90 cuentas locales, mientras que sólo en 2011 fueron 301.

Este servicio se ha reforzado durante el último ejercicio, tras la aprobación del reglamento que regula este organismo, con el que se ha ampliado el ámbito de colaboración con las entidades locales. Y es que ahora también presta otro tipo de ayudas a las juntas vecinales, como es la supervisión de proyectos o la asistencia jurídica, económica, técnica y administrativa.

3.500 pedanías rurales desaparecerán con la reforma de los Ayuntamientos


El País, 23/2/2013.- Nogarejas es un pueblo de la comarca de La Valdería, perteneciente al municipio de Castrocontrigo, en León. Una junta vecinal gestiona allí los servicios para sus 260 habitantes, la mayoría jubilados. Con un presupuesto anual de medio millón de euros —que consiguen con lo que rinden sus 3.000 hectáreas de monte— pagan el alumbrado público, el consultorio médico, la gestión del tanatorio, la limpieza de los jardines, el abastecimiento de agua, la máquina quitanieves y hasta se han hecho cargo de la restauración de la iglesia, del siglo XII. Sus cuentas las lleva una gestoría porque, según el alcalde pedáneo, Olivio Campo, el secretario municipal del que dependen (en un Ayuntamiento de 895 habitantes) no tiene tiempo para atender a las seis parroquias de la zona.

Como Nogarejas hay en Castilla y León 2.227 entidades locales menores, el 60% de las 3.720 que funcionan en España. El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen medieval no presenta sus cuentas en ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas 3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”, reflexionan en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahí todo claro. El pequeño matiz es que, en el caso de Castilla y León, la comunidad con más pedanías, la ley de Régimen Local que las regula desde 1998 no desarrolla la obligatoriedad de que los secretarios municipales lleven el control sobre sus presupuestos y remitan esa información al Ministerio.


Ahora que quieren ponerse las pilas con la cuenta atrás que ha lanzado el Gobierno, muchas de ellas están encontrándose con que los interventores locales se desentienden del asunto y las Diputaciones no tienen personal para gestionar miles de liquidaciones, lo que las aboca a desaparecer.

“Es un genocidio administrativo”, reflexiona Carlos González-Antón, catedrático de Derecho y miembro de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. “Que las sancionen si no cumplen, pero no pueden eliminarlas. Son organizaciones con más de diez siglos detrás, que defienden el carácter colectivista y la democracia participativa. Que el Estado no tenga datos de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan cuentas a sus vecinos”. En muchos casos los alcaldes pedáneos apenas tienen formación. En otros gestionan barrios o parroquias con menos de 20 vecinos o presupuestos de pocos miles de euros.


Mónica Villacorta, la alcaldesa pedánea de Tarilonte de la Peña, un núcleo rural en Palencia, está igual de desesperada que el de Nogarejas. Su pueblo tiene 41 habitantes, muchos ancianos, y el hospital más cercano está a 120 kilómetros. “La Junta no se ha preocupado nunca de nosotros, no cobramos un duro por lo que hacemos, lo que les interesa es controlar los recursos naturales”. Esa parece ser la verdadera razón de esta revolución rural. Las entidades locales, muchas veces esquivas con el poder —sus representantes se eligen entre los vecinos con listas abiertas, y a menudo están adscritos a los partidos de manera simbólica—, tienen un inmenso patrimonio forestal. “Sólo los Montes de utilidad pública en manos de las entidades suponen un tercio de la superficie de la provincia [de León], alcanzando el 40% si se suman los montes de libre disposición, también de su titularidad”, señala González-Antón, que ha estudiado a fondo las particularidades de las pedanías. “Muchos alcaldes se frotan las manos con esta reforma porque pueden perder de vista un foco de contrapoder poco sumiso con la dictadura de un partido político”.

En Asturias el 46% de los montes es administrado por alguna de las 39 entidades locales menores de la región que atienden a una población de 12.000 habitantes. Su presupuesto el año pasado fue de 7,6 millones. “Aquí, gracias a un acuerdo con el Principado, llevamos 16 años presentando cuentas, no tenemos el problema de Castilla y León”. José Manuel García del Valle, de la federación de parroquias rurales asturiana, insiste en que “el dinero público hay que controlarlo al máximo”, pero sospecha que ese “no es el motivo último de esta reforma”. No se le escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece muy sólido. Desde la federación andaluza Antonio Martín asegura que, entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.


viernes, 22 de febrero de 2013

“El PP criminaliza los municipios para potenciar las diputaciones”


La Crónica de León, 22/2/2013.- “El Gobierno del PP pretende criminalizar los municipios para potenciar las diputaciones”, aseguró ayer el secretario de Ordenación del Territorio del PSCyL, Santiago Dorado. Junto al secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, analizó tanto el anteproyecto de ley para la reforma de la administración local presentado en el último consejo de ministros como la nueva ordenación del territorio que está desarrollando la Junta de Castilla y León.
Dorado aseguró, en su intervención ante los medios de comunicación, que “no se ha pactado nada con la Mesa de Ordenación del Territorio, ni siquiera se han aclarado cuáles van a ser las que se consideran como referencias de la nueva ordenación, las unidades básicas, que no sé si están esperando a comunicarlas después, una vez que todo esté ya decidido y, como están haciendo las cosas, sin contar con los ayuntamientos”. 
Sobre la futura ley que se prevé que el Gobierno apruebe en un plazo máximo de un año, dorado aseguró ayer que “de los 700.000 millones de euros que debe la administración española, ‘sólo’ 28.000 millones corresponden a los ayuntamientos. Sólo el Ayuntamiento de Madrid acumula el 25% de la deuda de todos los consistorio de España”. 
Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, aseguró que “León es la provincia más castigada por la nueva ley, ya que aquí están una de cada tres juntas vecinales de España Lo que pretenden es concentrar los servicios pero no para ahorrar costes, sino para después privatizarlos, con lo cual se reducen servicios y, sobre todo, se reduce el estado de bienestar en el medio rural”. Para Rodríguez, “el ahorro será mínimo y los recortes sociales máximos. Lo que ha defraudado Bárcenas es mucho más que el déficit de todas las juntas vecinales a Hacienda. La conclusión es que el Gobierno hace una ley para salvar a los defraudadores y otra para hundir el medio rural y su histórico sistema de democracia”.
Por todo ello, el PSOE presentará mociones de rechazo al anteproyecto de ley de la administración local en todos los ayuntamientos de la provincia de León. 
Sobre la ordenación del territorio que plantea la Junta, Rodríguez afirmó que “la ordenación debe servir para cohexionar y para el PP es simplemente un arma para hacer negocio”.
Por su parte, el Frente en Defensa de las Juntas Vecinales de León aseguró recientemente en una asamblea organizada por Izquierda Unida que la medida anunciada de que las entidades locales menores tendrán tres meses a partir de la aprobación de la ley para presentar sus cuentas que “estamos ante un atropello y una medida desproporcionada que intenta acabar con la democracia directa y participativa que significan los ayuntamientos y las entidades locales menores”. Para los representantes de muchas de las juntas vecinales leonesas, “esto demuestra que el objeto de la nueva regulación no es facilitar a los concejos cumplir sus obligaciones, es eliminarlas mediante un proceso administrativo sumarísimo y desproporcionado. Aplicando medidas de excepción dignas de una república bananeraa los ayuntamientos”. Desde este Frente concluyen que “estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las Diputaciones donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales”.

jueves, 21 de febrero de 2013

El PSOE tacha de "dinamita para el mundo rural" el anteproyecto de la reforma local


Leonoticias.com, 21/2/2013.- El PSOE ha tachado de “nefasta” la reforma de la Ley Local que ha presentado el Gobierno al ser un claro ataque a la provincia de León que será la más castigada de toda la provincia por los importantes ajustes que supondrá en el medio rural.
El secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, ha asegurado este jueves que esta reforma sumada al anteproyecto de Ordenación Territorial de Castilla y León supondrá una reducción de servicios y por tanto de bienestar social en todos los pueblos de la provincia. Dos anteproyectos que castigan con dureza a las juntas vecinales –una de cada tres se encuentra en la provincia- y que por tanto sería un nuevo “mazazo a la democracia vecinal”.

Una ley que bajo un claro carácter privatizador, según señaló Rodríguez, busca una concentración de los servicios en las Diputaciones y las grandes ciudades para posteriormente fragmentarlos y sacarlos a subastas a compañías privadas. “Muchos de nuestros pueblos estaría vendidos a la administración provincial o a las empresas concesionarias. Una realidad que sería insólita y muy negativa para el mundo rural”.

Rodríguez, que ha recordado que la reforma de la Ley Local como una herramienta de ahorro económico mínimo frente a los máximos recortes sociales que provocará en el mundo rural, denunció cómo lo que defraudado por el señor Bárcenas es una cuantía bastante superior al déficit de las juntas vecinales de la provincia de León. “Una muestra más de que estamos ante un gobierno del PP que hace las leyes a medida; una ley para salvar a las defraudadores y otra para hundir el futuro del medio rural en la provincia”.

Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio del PSCyL, Santiago Dorado, ha denunciado cómo ambos anteproyectos  a pesar de estar elaborados uno en Madrid y otro en Valladolid siguen el mismo camino “que no es otro que el de los recortes y el carácter privatizador de los servicios esenciales y vitales en el medio rural".

Armas para cortar y privatizar servicios en el mundo rural

Respecto al anteproyecto de la Junta, Dorado ha recordado que se establecerán nuevas demarcaciones a través de la creación de unidades básicas de ordenación que, según ha denunciado, supondrán recortes en servicios básicos como la Sanidad y la Educación. Herramientas “peligrosas” dado que cada unidad ha de tener como mínimo a 5.000 habitantes lo que supondría la desaparición, por ejemplo, de algunas de los ocho centros de saludad cuya población es inferior.

Por su parte, Dorado ha asegurado que el anteproyecto de reforma local “dinamita” la autonomía local dejando a los alcaldes del medio rural sin capacidad de atender demandas que necesitan sus ciudadanos. “El Gobierno está criminalizando a los ayuntamientos a los que quiere hacer responsables de la deuda de las administraciones publicas cuando sólo representan el 4,5% del total”.

Así, esta reforma potenciará a las diputaciones mientras vacía a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a través de la elaboración de un real decreto que marque un coste estándar de los servicios que se han de prestar en los Ayuntamiento. Así, en aquellos donde el coste sea superior, la competencia de gestión y la capacidad para la modificación de ordenanzas y tasas pasará a manos de la Diputación lo que supondrá, según denunció el socialista, un proceso de privatización y encarecimiento de los servicios. 

 “Para nosotros la ordenación territorio es un medio para avanzar en la cohexión social de los ciudadanos sobre todo los del medio rural. Sin embargo para el PP sólo es un arma para hacer negocio y cortar y privatizar servicios esenciales de los ciudadanos”.

Mociones con la reforma de la Ley Local

Por ello, el PSL y con el objetivo de evitar que este anteproyecto se haga efectivo, enviará a todos los alcaldes y portavoces municipales una moción de rechazo y retirada del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Asimismo, Rodríguez ha asegurado que desde el PSOE están estudiando la posibilidad de solicitar la inconstitucionalidad del texto “por la vulneración de la autonomía local que supone” y ha recordado cómo ya han se han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

miércoles, 20 de febrero de 2013

IU insta a la Diputación a consignar una partida de refuerzo a las juntas vecinales


Leonoticias, 20/2/2013.- El coordinador provincial de IU, Santiago Ordoñez, ha registrado este miércoles una solicitud en el Palacio de Los Guzmanes, dirigida a la Presidenta de la Diputación Provincial, para que consigne una partida extraordinaria de refuerzo para el SAM, que permita apoyar a las Juntas Vecinales en el proceso de regularización sus cuentas, elaboración y tramitación de las liquidaciones y presupuestos, pendientes para todas las entidades locales menores de la provincia de León.

La formación exige al mismo tiempo que la presidenta de la Diputación convoque una reunión urgentísima con los alcaldes pedáneos de León al fin de informarles sobre la “cacicada” perpetrada por el Gobierno del PP, poniendo los medios que sean necesarios para evitar que se disuelva ni una de las Juntas Vecinales por “una imposición administrativa fuera de lugar, con un plazo de cumplimiento miserable y diseñado ex profeso para acabar con las entidades locales menores”.

Este concejo abierto de pedáneos servirá también para analizar de forma pormenorizada la nueva Ley de Bases de Régimen Local, debatir como combatirla y comenzar a organizar la respuesta organizada por parte de la provincia contra una Ley que intenta acabar con la democracia municipal y los concejos en un doble plazo de tres y doce meses. Un primer plazo con la excusa de los incumplimientos en materia de cuentas y un segundo tras analizar por decreto los estándares de calidad con que ejecutan sus competencias tanto ayuntamientos como juntas vecinales.

“El PP ya se ha quitado la careta ahora nos queda por conocer si el PP de León volverá a cruzarse de brazos como en el desmantelamiento de la minería del carbón o, por una vez, luchará en defensa de una de nuestras tradiciones más importantes”.

Expolio, usurpación y desamortización

El Diario.es, 21/2/2013.- Valentín Cabero - Catedrático Geografía. Universidad Salamanca. La Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores y la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales.

Nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León camina hacia la ruina total. La debacle demográfica ha sido puesta de relieve una y otra vez, sin que la Agenda de la Población de la Junta de Castilla y León haya sido capaz de dar respuestas positivas. Hasta ahora todo ha sido retórica política. ¿Qué decir de la catástrofe financiera que estos días ha llegado con los retales de Caja España-Caja Duero al corazón de la ciudad de León, y deja llenos de rabia y pesimismo a miles de honestos y honrados ciudadanos? ¡Qué decir de los recortes y pérdida de autonomía de nuestras universidades publicas frente al creciente poder y generosidad con las privadas!

La política neoliberal y tecnocrática que estamos viviendo bajo el discurso de los recortes, de la austeridad, de la racionalidad y del socorrido mantra de la sostenibilidad esconde a verdaderos lobos y lobeznos cubiertos con pieles de ovejas y de corderos. Cubiertos eso si con un manto legislativo que busca adueñarse de las joyas ambientales, de los recursos forestales, de los dominios pratenses, de las reservas hídricas, de los yacimientos mineros, etc. que nos quedan, y que son señas de identidad y de referencia común. De momento, y aprovechando la crisis o justificando “la consolidación fiscal como máxima prioridad”, dos instrumentos legislativos se han puesto manos a la obra para derrumbar definitivamente el armazón de las estructuras locales más antiguas y reconocidas, y para arramblar con sus pertenencias y recursos más valiosos.

Por un lado, la Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores, y por otro lado, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales. De la comarcalización nada se dice.


Menos mal que las asociaciones de entidades locales menores se han puesto en movimiento, redescubriéndonos los valores y ventajas de su presencia y gestión en el territorio, y denunciando cómo los intereses desamortizadores y las aves de rapiña de la privatización sobrevuelan sobre nuestros paisajes y nuestras tierras preñadas de memoria, de esfuerzo colectivo y de riquezas para el futuro. Mientras tanto, el partido de la oposición sigue en Babia y perdido por los Cerros de Úbeda.

Recordemos que en Castilla y León de los casi 2 millones de hectáreas forestales gestionadas por la Comunidad Autónoma, 1.664.206 hectáreas son montes catalogados de Utilidad Pública pertenecientes a las entidades locales. Sobre estos recursos el expolio y las usurpaciones son ya visibles. El 20% de esta superficie está contratada por la Consejería de Medio Ambiente, y las dentelladas que se avecinan sobre estos bienes serán mayúsculas de materializarse las amenazas previstas y puestas en marcha. El traspaso de las Entidades Locales Menores a los municipios es el primer paso, y vaciarlas de competencias, el segundo. La despoblación ya hizo su labor de zapa y de erosión territorial. Ahora llega la almoneda y la subasta.

Recuerdo aquí y ahora las palabras escritas por Francisco Tomás y Valiente, presidente en su día del Tribunal Constitucional y vilmente asesinado por ETA, cuando nos señalaba en 1974 en una magnífica lección quienes eran los compradores y beneficiarios de las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX: “ En primer lugar, un puñado de negociantes… de profesionales de las subastas, de especuladores o acaparadores más o menos escrupulosos o tramposos, hombres a quienes no ofenderíamos calificando de oportunistas. En segundo lugar, grupos típicamente burgueses de comerciantes, abogados, funcionarios (con frecuencia titulares de cargos burocráticos responsables de la aplicación de la legislación desamortizadora), industriales y políticos…”.

Junto a estos protagonistas podemos indicar también la presencia de grandes hacendados, de algunos nobles, y de muy pocos, poquísimos campesinos.

Traslademos estos datos, estas figuras del inmediato pasado, al momento actual, y hagamos una hipótesis acerca del futuro de nuestros bienes comunales y del patrimonio público. ¿Quiénes serán los nuevos acaparadores y beneficiarios en la nueva desamortización del siglo XXI realizada bajo la bendición de una legislación y ordenación que priva a los pueblos de sus derechos y propiedades históricas? Me atrevo a señalar, en palabras de Cervantes y Quevedo, a los bellacos, malandrines y tramposos de nuestros días: a los defraudadores amnistiados por Montoro, a los empresarios vinculados a la CEOE y protegidos por la administración, a los burócratas instalados en los altos intersticios del poder, a los constructores con dinero negro, negrísimo, agazapados ahora en los escondrijos de la crisis, a las corporaciones industriales y bancarias que acogen en sus consejos de administración a altos expertos en tráfico de influencias para pagarles los favores y “servicios” prestados. Muchos de ellos, con sus cumquibus, se han refugiado hace tiempo en grandes cotos redondos. Muy pocos, poquísimos, campesinos tradicionales y emigrantes que engrosaron el éxodo rural se beneficiarán de esta nueva desamortización.

Adiós a la agricultura y ganadería familiar y a las prácticas concejiles respetuosas con el medio ambiente.

lunes, 18 de febrero de 2013

IU plantea que la minería y las juntas vecinales se traten en el Debate del estado de la Nación


La Crónica, 18/2/2013.- Izquierda Unida organizó en León una asamblea abierta para recabar propuestas y plantearlas a la hora de preparar el Debate sobre el estado de la Nación. Con el llamamiento #ARajoyLeDiría , la coalición ha elaborado un catálogo de 16 asuntos que están encabezados por la minería. Se solicita concretamente que se pregunte al presidente del Gobierno “qué le va a pasar a los mineros y la gente de las comarcas dependientes del carbón por culpa de los recortes y del plan de cierre de la Minería que está desarrollando, ya que en la provincia de León esta actividad supone el 20% del PIB provincial”.

Otra propuesta se basa en la solicitud para que se presente una resolución por parte del grupo de Izquierda Plural en defensa de las juntas vecinales de León y las entidades locales menores en general.
El catálogo de IU incluye también cuestiones de índole general como las infraestructuras, la juventud y el medio ambiente, además de una exigencia de que se reconozca que la reforma laboral sólo ha tenido efectos negativos.

domingo, 17 de febrero de 2013

el pírrico ahorro a costa de juntas vecinales y pequeños municipios tiene un alto precio: la democracia y el rico espacio que gestionan


Diario de León, ANA GAITERO 17/02/2013.- A Carromero le regalaron una pulsera el día de San Valentín, para que quedara claro el amor del PP por sus héroes. Además, con el anteproyecto de ley para la racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local podrá seguir cobrando 50.000 euros al año como asesor del Ayuntamiento de Madrid.

En cambio, las juntas vecinales, y las mancomunidades, sin cometer delito alguno, ni aquí ni en Cuba, son condenadas a desaparecer (si no presentan las cuentas durante tres meses) por un pírrico ahorro de 71 millones de euros sobre 7.600 millones de ‘ahorro potencial’ (¿Alguien se lo cree?). Que todo cambie para que todo siga igual. Rajoy cambia el papel de percebe, enrocado ante el oleaje de los escándalos de corrupción y las mareas ciudadanas que le acechan cara al 23-F, por el lema de El Gatopardo.

No sólo los pequeños ayuntamientos, hasta Isabel Carrasco está que trina con eso de que no va a poder cobrar más que el alcaldín de León. Anda buscando una alternativa para seguir cobrando 13 sueldos (perdón, 12). Por eso, y porque no se cobra y había abucheo, no se presentó el otro día al consejo de la Caja. Ahora dimite el secretario regional de la UGT, Agustín Prieto, como si no hubiera sabido lo que se cocía: 1.500 despidos a la vista.

Suertes y arrotos

Para los pueblos de León nada será igual si sigue adelante esta ley, cuya finalidad parece ser, más bien, acabar con la participación directa de la sociedad en el gobierno de sus territorios. El concejo es la esencia de la democracia participativa. El patrimonio de las Juntas Vecinales, en León, es un rico pastel que se quieren repartir las grandes administraciones y las grandes empresas. ¡Ojo!

Quiñones, arrotos, suertes... y otras muchas fórmulas de gestión del espacio y de los bienes comunales bien pueden ser un ejemplo para dar luces a la oscuridad. En Portugal cantaton en el parlamento Grándola Vila Morena, la canción que acompañó a la revolución de los claveles enabril de 1974. Signo de rebeldía o de añoranza de la rebeldía frente al estrangulamiento de los servicios públicos: pagan 20 euros por acudir a urgencias y 5 euros por cada visita al médico de cabecera. Ahogan a nuestros vecinos ibéricos. Y cantan, tomando aire de la memoria de la lucha colectiva.

No les moverán

A dos pasos estamos en España, donde también fue expulsada del Congreso de los Diputados Ada Colau por gritar a sus señorías: «¡Sí se puede!». Y se pudo. La dación en pago, entre otras medidas, va a ser suficiente, si se aprueba el texto de la iniciativa legislativa popular, para saciar la voracidad bancaria frente a las hipotecas impagadas.

Al grito del Sí se puede y del No nos moverán acampan en Valladolid, frente a los bancos, víctimas de la avaricia criminal. En León, trabajadores de la Caja, el Ceis, Telemark, los mineros de la Vasco y los de Victorino alzan su voz. Y se plantan. La olla a presión empieza a pitar. Seguiremos, canta Macaco con pacientes, familiares, voluntariado y profesionales del servicio de oncología y hematología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, para pedir financiación para la investigación del cáncer infantil.

Soñar es poder

Cada día hay gente que grita «sí se puede» y lo demuestra. Como el abogado anónimo que ha puesto en evidencia que no sólo el Gobierno y la banca abusan de la gente. Que el Colegio de Abogados de León haya tenido que rebajar su cuota de inscripción 1.500 euros es más que un síntoma. Y que un sólo abogado le plante cara y gane, prueba que soñar no es perder el tiempo: «Los sueños cambiaron el destino de los hombres (y de las mujeres) y de las naciones». Gracias por compartirlo, @Cebiologa.

El PSOE rechaza la reforma local porque desaparecerían 2.000 entidades locales


El Día de Valladolid, 17/2/2013.- El secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, mostró ayer su oposición a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que el viernes presentó el Gobierno, porque supondrá la desaparición de más de 2.000 entidades locales menores en la Comunidad y porque va en contra de la «autonomía municipal».  Así lo señaló Villarrubia durante su participación en una reunión de trabajo con alcaldes de la comarca de Oña (Burgos), donde insistió en denunciar los «gravísimos» recortes del Gobierno. A juicio del socialista, «hay que dar competencias y recursos y ver la adecuada financiación pero no se puede atropellar en términos unilaterales y sin consenso».

Así, recordó que el 90 por ciento de los concejales son «auténticos voluntarios», hasta el punto de que los denominó «legionarios del mundo rural» que, continuó, «están dedicando su vida, su tiempo e incluso su dinero sin cobrar en toda España». Además, negó que el motivo de la reforma sea «ahorrar no sé cuánto miles de millones», sino que se trata de privatizar servicios y «hacer negocio». Negocio donde también quieren hacer, a su juicio, es en la sanidad, otro de los asuntos que le llevó a esta reunión en Oña, que calificó de «jornada de reivindicación» para pedir una cuestión «absolutamente elemental» como el mantenimiento de las urgencias nocturnas.

«No podemos dejar a los ciudadanos en riesgo del principal derecho que es el derecho a la vida, en poblaciones con dificultades en las comunicaciones, y envejecidas», insistió, para volver a pedir a la Junta que mantenga estas urgencias nocturnas.

Defensas del PP. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la reforma reafirma el modelo de ordenación del territorio planteado por la Junta, que se sustenta en el mantenimiento del número de municipios y de entidades locales menores. «El debate gordo, la discordancia entre la Junta y el Gobierno» no se observa en el texto presentado por el Gobierno, más aun refuerza el modelo del Ejecutivo regional, subrayó el portavoz, quien valoró también la austeridad de los municipios de la Comunidad tanto en su personal eventual como en las retribuciones con dedicación exclusiva.

sábado, 16 de febrero de 2013

El 90% de entidades menores de C. y León peligran con la nueva reforma local


Leonoticias, 16/2/2013.- El 87,7 por ciento de las entidades locales menores de Castilla y León, casi nueve de cada diez, corre el riesgo de desaparecer con la disposición recogida en el borrador conocido del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. El Gobierno otorga a la comunidad autónoma la capacidad de disolver las entidades de ámbito inferior al municipio que no estén al día en sus cuentas.
En el último ejercicio fiscalizado, sólo un 12,3 por ciento había rendido cuentas. La Federación de Entidades Locales Menores acusa al Ejecutivo de pedirles algo que no pueden cumplir y culpa a la Junta por no haber regulado la materia desde 1998.

En Castilla y León existen 2.232 entidades locales menores, regidas por sus juntas vecinales, que representan el 65 por ciento de las existentes en España, concentradas en su mayoría en León, con 1.234, en Burgos, con 654 y en Palencia, con 226. El 12,3 ha rendido cuentas, pero sólo el 3,5 por ciento lo ha hecho en plazo legal, según el informe del sector público local del Consejo de Cuentas correspondiente a 2010, que se debatirá en las Cortes en febrero.

Esta disposición ha causado malestar y desaprobación en las entidades locales menores. “Pedirnos algo que no podemos cumplir es decir que estamos abocados a morir”, afirma la presidenta de la Asociación de Entidades Menores de Palencia, Mónica Villacorta, presidenta de la junta vecinal de Tarilonte de la Peña, perteneciente al municipio de Santibañez de la Peña, en la Montaña Palentina.

La Ley de Régimen Local de Castilla y León, que data de 1998, recoge que las funciones de secretaría de estas entidades serán desarrolladas por el secretario del municipio al que pertenezca o por el servicio que a tal fin tenga establecido cada diputación provincial. Pero se debe desarrollar por decreto y no se ha hecho. La Federación Autonómica de Entidades Locales Menores no descarta acciones legales contra la Junta si, una vez aprobada la ley nacional, se inicia la eliminación.

El acuerdo básico suscrito entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, del pasado mes de octubre, recoge el compromiso de no suprimir ningún municipio ni ninguna entidad local menor y apuesta por la cooperación entre estas entidades y los municipios a los que pertenecen, como queda reflejado en el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, presentado por el Ejecutivo.

Las juntas vecinales tienen personalidad propia y competencias, entre ellas gestionan los montes, los pastos o los cotos de caza, explicó Mónica Villacorta a Ical, quien no duda en culpar a la Junta de no poder cumplir con la rendición de cuentas por no haber hecho la regulación e incluso recuerda que algunos municipios a los que pertenecen tampoco tienen sus cuentas al día. “Hay un afán de eliminarnos, al pedirnos algo que no podemos cumplir”, recalca.

En su informe, el Consejo de Cuentas les da la razón. “Una de las medidas más inmediatas que puede ayudar a resolver dichos problemas es el desarrollo reglamentario de Régimen Local, relativa al desempeño de las funciones de Secretaría de las Entidades Locales Menores”, señala. También requiere a las diputaciones provinciales que presten especial atención a aquellas entidades con menor capacidad de gestión, como los ayuntamientos más pequeños y las entidades menores.

Reforma política

Además de la falta de regulación, algunos ayuntamientos alegan falta de tiempo del secretario para ese trabajo al tener varias pedanías, igual que las diputaciones, que se han acogido a la escasez de medios y de personal. Con esos argumentos, la Federación de Entidades Locales Menores planteó al Consejo de Cuentas la presentación de las cuentas realizadas por una gestoría, contratada por las entidades, pero se les dijo que no es legal. Otros consistorios incluso han pedido dinero por ese servicio. “Es un caos”, apunta la representante vecinal palentina.

Las gestiones ante las instituciones no han dado resultado. “Qué digan que es una reforma política, que no digan que es para racionalizar gastos. Me gustaría que el Gobierno y la Junta me lo explicarán cara a cara”, afirma Mónica Villacorta, quien considera esa reforma un “ataque al mundo rural”, mientras que critica que se potencie a las diputaciones, cuyos representantes no han sido elegidos por los ciudadanos. “A mí me han elegido directamente los vecinos, en las elecciones hay una urna para el pedáneo y otra para los concejales del municipio, es algo que mucha gente no sabe”, subraya.

“Castilla y León es una comunidad municipalista, si las personas que viven en los pueblos no se ocupan del día a día, nadie se va a ocupar”, reflexiona Villacorta, desde su experiencia en una pequeña localidad donde está pendiente hasta de una bombilla porque de eso no se puede ocupar el ayuntamiento al que pertenece.

Juárez pide más financiación y tiempo para presentar cuentas

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró este viernes que el proyecto de reforma de la Administración local del Gobierno central es compatible “y en algunos casos complementario” con el planteamiento de ordenación del territorio de la Junta y destacó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es “crear una herramienta -la mancomunidad de interés general- para que los municipios puedan gestionar sus competencias con la calidad y eficacia que establecerá la ley para que no se las quiten”.
Sin embargo, José Antonio de Santiago aseguró gráficamente a la agencia Ical que la música del informe presentado hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “suena peor” cuando se refiere a dos cuestiones: la adscripción a los Gobiernos regionales de materias relacionadas con el mantenimiento de centros educativos y consultorios locales, “porque dicen que son competencias impropias, pero no es verdad ya que una ley orgánica las hace residir en los municipios” y el apartado referido al plazo de tres meses que da a las entidades locales menores y mancomunidades para presentar sus cuentas, “que es excesivamente corto”.

Ordenación y servicios en el territorio

El consejero de la Presidencia explicó a Ical que el informe sobre el anteproyecto de reforma de la administración local conocido hoy “no sólo no entra en contradición con los planes de la Junta sino que es complementario en algunos aspectos”. “Lo sabíamos y lo decimos desde hace un año porque nuestro proyecto es municipalista al cien por cien porque creemos en los pueblos y en la administración cercana al ciudadano”, remarcó. En este sentido, puso de manifiesto la oportunidad del proyecto del Ejecutivo autonómico con sus planes de ordenación del territorio porque pone a disposición de los municipios “una herramienta para que se unan voluntariamente y puedan ejercer esas competencias que la ley les marca con los parámetros de calidad y eficacia a la que están obligados”. “Se trata de una instrumento para que no les quiten las competencias”, señaló para recordar que sólo 15 de los 2.248 ayuntamientos de la Comunidad tienen más de 20.000 habitantes y, por lo tanto, sobre el resto -2.233- pende la espada de Damocles de la intervención.

Competencias

Si la valoración de la Junta sobre todo lo anterior no puede ser más positiva, la música “suena peor” en algunas otras cuestiones. El consejero se refirió especialmente a las alusiones que el ministro Cristóbal Montoro hizo sobre las denominadas competencias impropias. “Hay que saber diferenciar cuáles con competencias impropias y cuáles son aquellas que son costosas para el municipio o que prefieren no ejercer y creo que el ministro ha mezclado ambas”, explicó José Antonio de Santiago. Así explicó a Ical que algunas materias que citó el titular de Hacienda como el mantenimiento de los colegios de Primaria o los consultorios médicos residen en los municipios porque así está especificado en las leyes orgánicas que desarrollan sendos servicios y por lo tanto “no son impropias, lo que pasa es que no les gusta ejercerlas”. No obstante, se mostró dispuesto a que la Junta asuma estas materias siempre y cuando lleguen con la financiación adecuada para desarrollarlas.

Se trata de 3.660 consultorios locales en municipios de más de 50 habitantes y 889 escuelas de primaria en los de menos de 20.000 lo que, en palabras de José Antonio de Santiago, supone decenas de millones de euros que hay que invertir en su mantenimiento y para los que el Gobierno autonómico reclama transferencias económicas en caso de que cambien su titularidad y pase a ser una competencia autonómica.

Plazos



La música vuelve a sonar peor cuando se habla de plazos. Según el consejero, el periodo de cinco años para culminar el traspaso de centros educativos y sanitarios a las comunidades “parece razonable”, pero es “excesivamente poco” el tiempo dado para que se produzca el reparto de las cuestiones relacionadas con los servicios sociales. Lo es también el plazo que se da a las entidades locales menores y a las mancomunidades para que presenten sus cuentas. “Creemos que hay que dar más plazo a estas entidades locales porque tres meses parece excesivamente corto y no tienen ni siquiera técnicos para poderlo hacer”, remarcó el consejero, quien recordó que en Castilla y León hay casi 3.000 entidades menores y que en algunos casos no han podido presentar sus cuentas nunca.

Retribuciones

Preguntado por su valoración sobre el cuadro de retribuciones de los cargos municipales que establece el proyecto del que hoy ha informado Montoro, el consejero de la Presidencia señaló que le parece “estupendo” que se produzca una homologación y una racionalización de los sueldos, pero invitó a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a la Federación Española de Municipios y Provincias “a repensar lo referido a los municipios de menos de mil habitantes ya que sus alcaldes hacen un trabajo, que es poco valorado, y que debería ser tenido en cuenta a la hora de aplicarles esta parte de la ley”. “Estos alcaldes hacen un gran trabajo, una labor altruista, muchas veces ponen ellos medios propios al servicio del municipio y eso debería ser tenido en cuenta”, remarcó, al tiempo que invitó a los representantes municipales a reflexionar sobre esta cuestión.




viernes, 15 de febrero de 2013

Las mayoría de entidades locales menores, en riesgo de extinción


El Mundo, 15/2/2013.- Las 2.232 entidades locales menores que existen en Castilla y León están en riesgo de desaparición, a tenor de la reforma que promueve el Gobierno central. En el informe presentado esta mañana por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Ministros, las entidades locales menores y las mancomunidades que no presenten cuentas en un plazo de tres meses deberán extinguirse.

Las primeras pasarán a depender de su correspondiente ayuntamiento y, las segundas, de las diputaciones provinciales. Así se recoge en el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del que ha informado esta mañana Montoro en el Consejo de Ministros.

En Castilla y León se concentra el 60% de todas las entidades locales menores del país -la maýoría en León y Burgos- y, según el Consejo de Cuentas, sólo el 12,3% de las 2.232 existentes rindieron cuentas en 2010.

El anteproyecto, según explicó Montoro, define por primera vez, "con precisión", la lista de competencias que deben ser desarrollada por la Administración local, que diferencia de las autonómicas y las estatales "para impedir que vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuentan con la financiación adecuada".

Las mancomunidades y las entidades locales menores que no rindan cuentas en un periodo de tres meses deberán desaparecer


Terra, 15/2/2013.-Las mancomunidades y las entidades locales menores que no rindan cuentas en un periodo de tres meses deberán desaparecer, según consta en el informe tramitado hoy por el Consejo de Ministros sobre la reforma de la administración local.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta reforma incluye un control económico y financiero "muy importante" de las corporaciones locales.

Por ello, se fortalece el papel de los interventores de las entidades locales y de los secretarios, que volverán al sistema de dependencia del Estado.

Este proyecto establece mecanismos de garantía del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y, en caso extremo, se prevé la intervención del municipio.

Montoro ha especificado que las mancomunidades y las entidades locales menores deberán rendir cuentas en tres meses, y que las que no lo hagan desaparecerán.

Esta cláusula de la reforma es "muy importante", ha agregado el titular de Hacienda, que ha afirmado que no se puede admitir que se estén gestionando recursos públicos sin dar cuenta de sus presupuestos.

"Sencillamente, el que no es capaz de rendir cuentas y remitirlas al Tribunal de Cuentas no debe existir", ha reiterado Montoro, que ha comentado que algunas de ellas no lo han hecho nunca.

El 96,1 % de las entidades locales incumplen la obligación de presentar el estado de sus cuentas, algo que pasa también en el 85,2 % de las agrupaciones de municipios y en el 71,3 % de las mancomunidades. En el caso de las diputaciones provinciales, el porcentaje es del 9,8 %.

En la hipótesis de que se disuelvan, sus servicios pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores se traspasarían a los municipios.

El ministro ha recordado que en la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración municipal se acaban con las competencias impropias de los ayuntamientos y se fijan unos estándares de calidad y coste de los servicios.

Según las estimaciones del Gobierno, algunos servicios cuestan el triple en municipios de menos de cinco mil habitantes que en el resto de localidades.

La norma mantiene la intención inicial del Ejecutivo de que los municipios que no cumplan estos baremos de servicios públicos trasladen su gestión al siguiente escalón, que serían las diputaciones provinciales.

De esta manera, se refuerza el papel de esta instituciones, algo que ha sido muy criticado por partidos de la oposición como el PSOE e Izquierda Unida.

Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer su coste real y comparar el eficiente.

En el caso de los municipios con población superior esta población, voluntariamente pueden decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo con la comunidad autónoma.

Esta delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma.

El Gobierno fija en el informe mecanismos para garantizar el cumplimiento de obligaciones entre administraciones, que permitirá por primera vez la compensación de deudas pendientes.

Se establece que podrá ser causa de revocación o renuncia de la delegación recibida de las autonomías si no se recibe la financiación acordada.

Además, solo se podrán aceptar delegaciones o suscribir convenios con autonomías cuando se firme una cláusula de garantía de cumplimiento, que permitirá que la Administración General pueda retener transferencias a la comunidad morosa del sistema de financiación autonómica.

La crisis económica activa una reforma local aletargada durante ocho años


Noticias Terra, 15/2/2013.- La crisis y la exigencia de dar a las administraciones locales una imagen de austeridad ha activado la reforma local, sumida en el letargo desde 2005 y que ha tramitado el Gobierno hoy, tras ocho meses de negociaciones con los principales partidos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Finalmente, el Consejo de Ministros ha remitido el texto al Consejo de Estado con unos meses de retraso -el presidente, Mariano Rajoy, quería tener la reforma lista en 2012- sin conseguir el apoyo del PSOE pero buscando desde el inicio el consenso, en especial en la FEMP, protagonista de la misma con sus 8.117 ayuntamientos, otros tantos alcaldes y 60.346 concejales.

La reforma, que prevé un ahorro potencial de más de 7.600 millones de euros hasta 2015, supuso ocho meses de interruptas negociaciones entre Hacienda, la FEMP y los partidos políticos y aunque, en principio, parecía posible un amplio acuerdo, la amenaza de privatización de los servicios públicos municipales retiró en enero a los socialistas de la negociación.

En junio, Rajoy rescató la arrinconada reforma -auspiciada a finales de 2004 por el entonces ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla- con el ánimo de evitar duplicidades, reducir concejales, suprimir entidades locales menores y revisar las retribuciones, en definitiva, rebajar los gastos y fortalecer la imagen de eficacia y transparencia.

Fue ese mismo mes de junio cuando el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa un primer documento sobre el modelo municipal que abrió la negociación con la FEMP y los partidos pero también originó la discrepancia de los socialistas, articulada en un texto alternativo.

En ese primer documento el Gobierno ya proponía, entre otras cosas, que los ayuntamientos dejasen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y que los consistorios de menos de 20.000 habitantes cedieran las competencias a las diputaciones.

El asunto de las diputaciones levantó la aireada crítica de los socialistas, que abogaban por su desaparición, pero también veían en la propuesta del Ejecutivo una "intervención encubierta" de los ayuntamientos y el "desmantelamiento" de los servicios públicos.

Acuciado el Gobierno por aprobar la reforma, el 6 de julio el Consejo de Ministros dio luz verde al informe de la futura ley de racionalidad y sostenibilidad de las administraciones públicas, donde se ponía el acento en la clarificación de competencias y en la estructura administrativa de las entidades locales.

Fue entonces cuando se fijó reducir un tercio el número de concejales y poner límite a los municipios más grandes, que pasarían a tener un máximo de 35 ediles.

Las negociaciones quedaron suspendidas durante el verano e incluso más allá, ya que la cercanía de las elecciones gallegas y vascas -el 21 de octubre- y las catalanas -25 de noviembre- demoró los contactos con la excusa de no entorpecer el debate electoral.

Tras los comicios autonómicos se retomaron las conversaciones con escasos resultados y muchos desencuentros.

A primeros de diciembre, la cúpula del PP se reunió con sus responsables mientras Rajoy lo hacía con el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna.

En estos contactos prevalecía el mensaje de poner topes a los sueldos de los alcaldes, pero también al número de ediles y asesores.

Aunque la intención seguía siendo pactar un texto de consenso con los principales partidos, las diferencias entre el PP y el PSOE prevalecían y, además de las diputaciones, otro de los puntos insalvables era la sospecha de los socialistas de que la reforma abría la puerta a la privatización de los servicios públicos municipales.

El 2013 se inició con ese desencuentro. El 12 de enero, el Comité Federal del PSOE expresó oficialmente el rechazo a la propuesta de reforma y unos días más tarde, el PP celebraba en Almería su Intermunicipal con la reforma local como punto estrella en el orden del día.

En ese foro, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, anunciaba que el PSOE había dado "portazo" a la reforma y veinticuatro horas más tarde, el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, confirmaba la ruptura y alegaba que los socialistas no serían cómplices "en la voladura controlada de los ayuntamientos".

La reforma local que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y, a partir de ahora, inicia la tramitación parlamentaria tiene sus orígenes en 2004 cuando el entonces ministro Jordi Sevilla abogó por una reforma que, entonces, iba más encaminada a adecuar la legislación que a reducir gastos.

Un año más tarde, en 2005, Sevilla presentó el primer Libro Blanco sobre la reforma y las líneas maestras del anteproyecto de Ley Básica de la Administración Local, que no consiguió sus expectativas ni concitó los apoyos esperados en su propio partido

El Gobierno aborda hoy la reforma local para reorganizar el reparto de competencias


El Mundo, 15/2/2013.- El Gobierno dará hoy un nuevo paso para cerrar la reforma de la Administración Local que está desde hace meses encima de la mesa. El Consejo de Ministros analizará este viernes el anteproyecto de ley que aborda dicha reforma y que contempla, entre otros aspectos, ahorrar 3.500 millones de euros, evitar duplicidades y clarificar las competencias de los ayuntamientos.

El proyecto también fijará la competencia exclusiva e íntegra de la sanidad, la educación y los servicios sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales. Para retomar estas competencias, las autonomías podrán disponer de un periodo de transición de hasta cinco años en el que se determinará quién y cómo se queda con estas responsabilidades, según Europa Press.

En este sentido, el proyecto dejará sentado que cada competencia esté correctamente financiada y que si una administración cede la gestión de un servicio a otra, lo pague adecuada y puntualmente.

Además, se establecerán unos criterios de eficiencia y eficacia cuyo de obligado cumplimiento para las entidades locales, de forma que las menores de 20.000 habitantes deberán ceder sus competencias a las diputaciones cuando no aprueben el examen (aunque podrán recuperarlas si lo consiguen más adelante).

Además, las mancomunidades y otros organismos intermedios ya existentes y que tampoco cumplan esos requisitos de eficiencia desaparecerán, y no se podrán crear otros nuevos.

De esta forma, saldrán reforzadas las diputaciones provinciales, que el Gobierno quiere convertir en centrales de servicios y de compras al considerar que así se ahorrarán también costes. Los municipios mayores de esos 20.000 habitantes también les podrán ceder competencias si creen que así se mejora el servicio.

La reforma que aborda el Gobierno supondrá la modificación de la ley de administración local, pero también de otros textos que regulan la vida municipal. Así, se quiere limitar el personal no funcionario de los municipios y acotar la retribución de alcaldes y concejales, que deberán oscilar entre 100.000 y 30.000 euros, según el tamaño de cada localidad, e incluir todos los conceptos salariales. Las cifras se fijarán anualmente en los Presupuestos del Estado.

Por otro lado, se abordará una reforma de la ley electoral para reducir el tamaño de las corporaciones locales. Tras el Consejo de Ministros de este viernes se podría saber cuál es la opción del Gobierno, ya que las cifras han ido variando conforme avanzaban las semanas: El recorte era del 30% al principio pero, según las fuentes consultadas, ha ido bajando hasta quedarse en torno al 10%. La decisión final está en manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tras su estudio por parte del Consejo de Ministros hoy, el anteproyecto será remitido al Consejo de Estado para que emita un informe previo a su envío a las Cortes.

Oposición del PSOE

Este proyecto de reforma se ha estado negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el PP y el PSOE, aunque finalmente los socialistas se desmarcaron tras varios meses de conversaciones al considerar que la futura ley supone una "voladura controlada" de los ayuntamientos.

Por su parte, fuentes de la FEMP han explicado a Efe que todo apunta a que el reparto de competencias entre las distintas administraciones "quedará bastante definido" en el texto que el Gobierno remitirá al Consejo de Estado.

"Confiamos en que la reforma recoja nuestras propuestas y vaya en esa línea para que se cumpla el principio de una administración, una competencia", han añadido estas fuentes.

Fuentes del PSOE han indicado que desconocen el contenido del texto que analizará el Consejo de Ministros porque las negociaciones sobre la reforma se rompieron en enero y han dicho que se pronunciarán al respecto cuando sepan en qué consiste.

"Si el texto que se presente no contiene variaciones sustanciales con respecto a enero, la postura del PSOE va a seguir siendo la misma, de denunciar que detrás de esta reforma el Gobierno plantea un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales", han mantenido las mismas fuentes.

El anteproyecto de Ley de reforma local discrimina a las Juntas Vecinales

Concejos.org, 15/2/2013.- La última versión del anteproyecto de Ley contiene una versión muy negativa para las Entidades Locales Menores, esperemos que se pueda cambiar en sede parlamentaria, pues no tiene sentido que las ELM, con carácter general no tengan personalidad jurídica. Aunque se salvan las ya existente, el artículo 45 debería reformarse.

Tienes  una versión del último borrador aquí.

Además, impone un plazo de TRES MESES para presentar las cuentas que va a ser muy difícil de cumplir con la situación de bloqueo que hay en Castilla y León, por parte de las Administraciones superiores.

miércoles, 13 de febrero de 2013

Las parroquias rurales piden el apoyo del Principado para evitar su desaparición


Elcomercio.es, 13/2/2013.- Las 39 parroquias rurales existentes en la región temen que el Gobierno de España quiera eliminarlas. Por este motivo los representantes de la Federación de Parroquias Rurales de Asturias se reunieron ayer con el presidente del Principado, Javier Fernández, y con José Balmori, director general de Administración Local, para recabar el apoyo del Ejecutivo regional a la hora de tratar de garantizar la supervivencia de estas entidades. Y es que según explicaba ayer tras el encuentro Andrés Rojo, presidente de la Federación, «en el primer anteproyecto de ley del Gobierno central sobre la reforma de la administración local se recogía la eliminación de las parroquias rurales, pero luego se modificó para suprimir sólo las que no tuviesen liquidadas sus cuentas».

Las 39 parroquias rurales de Asturias han conseguido sortear esta primera criba -todas tienen sus presupuestos liquidados- que, según apunta Rojo, ha acabado con el 80% de este tipo de entidades locales en Castilla La Mancha. El temor de la Federación es que desde el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy se vuelva a modificar esta reforma para eliminar todas las parroquias rurales y por este motivo reclaman el apoyo del Principado para evitar que se llegue a dicho escenario.

Pero el encuentro sirvió también para tratar otras cuestiones. Desde la Federación de Parroquias Rurales de Asturias se pidió al presidente del Principado que se modificase la ley de caza para que el canon cinegético se pague primero a aquellas parroquias donde existen cotos en vez de que se siga entregando ese dinero a los ayuntamientos para que sean ellos los que posteriormente lo otorguen a las parroquias.

También se solicitó impulsar la implantación de más plantas de biomasa en la región, ya que, además de ser una energía más limpia, la madera es uno de los principales recursos económicos de muchas de estas parroquias rurales. La Federación plateó al presidente de Asturias que la documentación antigua que conservan estas entidades de ámbito local «pase a formar parte del archivo histórico de Asturias para asegurar que no se perderá y que la gente interesada la pueda consultar».

Otros temas que se abordaron en la reunión fue la modificación de la ley electoral de las parroquias para evitar que, en caso de fallecimiento del presidente, el cargo recaiga sobre otro grupo en lugar de mantenerse en el mismo. También se solicitaron modificaciones en los planes rectores de uso y gestión de determinados parques naturales para hacerlos menos restrictivos, ya que varias parroquias rurales de Asturias se encuentran dentro de estos espacios protegidos.

domingo, 10 de febrero de 2013

La reforma local pone en peligro a nueve de cada diez entidades locales menores

Leonoticias.com, 10/2/2013.- El 87,7 por ciento de las entidades locales menores de Castilla y León, nueve de cada diez, corre el riesgo de desaparecer con la disposición recogida en el último borrador conocido del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. El Gobierno otorga a la Comunidad autónoma la capacidad de disolver las entidades de ámbito inferior al municipio que no estén al día en sus cuentas. En el último ejercicio fiscalizado sólo un 12,3 por ciento había rendido cuentas. La Federación de Entidades Locales Menores acusa al Ejecutivo de pedirles algo que no pueden cumplir y culpa a la Junta por no haber regulado la materia desde 1998.
En Castilla y León existen 2.232 entidades locales menores, regidas por sus juntas vecinales, que representan el 65 por ciento de las existentes en España, concentradas en su mayoría en León, con 1.234, en Burgos, con 654 y en Palencia, con 226. El 12,3 ha rendido cuentas, pero sólo el 3,5 por ciento lo ha hecho en plazo legal, según el informe del sector público local del Consejo de Cuentas correspondiente a 2010, que se debatirá en las Cortes en febrero.

Esta disposición ha causado malestar y desaprobación en las entidades locales menores. “Pedirnos algo que no podemos cumplir es decir que estamos abocados a morir”, afirma la presidenta de la Asociación de Entidades Menores de Palencia, Mónica Villacorta, presidenta de la junta vecinal de Tarilonte de la Peña, perteneciente al municipio de Santibañez de la Peña, en la Montaña Palentina.

La ley de Régimen Local de Castilla y León, que data de 1998, recoge que las funciones de secretaría de estas entidades serán desarrolladas por el secretario del municipio al que pertenezca o por el servicio que a tal fin tenga establecido cada diputación provincial. Pero se debe desarrollar por decreto y no se ha hecho. La Federación Autonómica de Entidades Locales Menores no descarta acciones legales contra la Junta si, una vez aprobada la ley nacional, se inicia la eliminación.

El acuerdo básico suscrito entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, del pasado mes de octubre, recoge el compromiso de no suprimir ningún municipio ni ninguna entidad local menor y apuesta por la cooperación entre estas entidades y los municipios a los que pertenecen, como queda reflejado en el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, presentado por el Ejecutivo.

Las juntas vecinales tienen personalidad propia y competencias, entre ellas gestionan los montes, los pastos o los cotos de caza, explica Mónica Villacorta a Ical, quien no duda en culpar a la Junta de no poder cumplir con la rendición de cuentas por no haber hecho la regulación e incluso recuerda que algunos municipios a los que pertenecen tampoco tienen sus cuentas al día. “Hay un afán de eliminarnos, al pedirnos algo que no podemos cumplir”, recalca.

En su informe, el Consejo de Cuentas les da la razón. “Una de las medidas más inmediatas que puede ayudar a resolver dichos problemas es el desarrollo reglamentario de Régimen Local, relativa al desempeño de las funciones de Secretaría de las Entidades Locales Menores”, señala. También requiere a las diputaciones provinciales que presten especial atención a aquellas entidades con menor capacidad de gestión, como los ayuntamientos más pequeños y las entidades menores.

Reforma política

Además de la falta de regulación, algunos ayuntamientos alegan falta de tiempo del secretario para ese trabajo al tener varias pedanías, igual que las diputaciones, que se han acogido a la escasez de medios y de personal. Con esos argumentos, la Federación de Entidades Locales Menores planteó al Consejo de Cuentas la presentación de las cuentas realizadas por una gestoría, contratada por las entidades, pero se les dijo que no es legal. Otros consistorios incluso han pedido dinero por ese servicio. “Es un caos”, apunta la representante vecinal palentina.

Las gestiones ante las instituciones no han dado resultado. “Qué digan que es una reforma política, que no digan que es para racionalizar gastos. Me gustaría que el Gobierno y la Junta me lo explicarán cara a cara”, afirma Mónica Villacorta, quien considera esa reforma un “ataque al mundo rural”, mientras que critica que se potencie a las diputaciones, cuyos representantes no han sido elegidos por los ciudadanos. “A mí me han elegido directamente los vecinos, en las elecciones hay una urna para el pedáneo y otra para los concejales del municipio, es algo que mucha gente no sabe”, subraya.

“Castilla y León es una comunidad municipalista, si las personas que viven en los pueblos no se ocupan del día a día, nadie se va a ocupar”, reflexiona Villacorta, desde su experiencia en una pequeña localidad donde está pendiente hasta de una bombilla porque de eso no se puede ocupar el ayuntamiento al que pertenece.

sábado, 2 de febrero de 2013

Reunión de la Federación Salmantina de Entidades locales Menores con el subdelegado

Salamanca24horas.com, 2/2/2013.- La Federación Salmantina de Entidades locales Menores ha mantenido un encuentro con el subdelegado de Gobierno en Salamanca, Javier Galán, dentro de la ronda que están realizando con los representantes de las instituciones salmantinas. En el transcurso de la reunión le expusieron algunos de sus problemas y reivincaciones. 

Estas se basaron en la falta de sensibilidad de los ayuntamientos hacia las Entidades Locales Menores a la hora de repartir fondos para atender las necesidades de la población y todo ello, debido a que hay una regulación legal sin desarrollar. Como es la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

Además, hablaron de la falta de voluntad por parte de los ayuntamientos, al no tener una obligación estricta legal, de hacer convenios de funcionamiento, para compensar o abonar los gastos mínimos que se producen en la E.L.M. (En la provincia de Salamanca, solamente hay tres convenios, entre ayuntamiento y ELM, en funcionamiento.

Otro problema a resolver en el futuro inmediato, debido a la imposición lógica de la administración estatal, es el contar con un/a secretario/a, e interventor/a, al objeto de que todas las cuentas estén debidamente auditadas. Se plantea que sea la misma persona que lleva el ayuntamiento o bien una nueva contratación.

En materia de subvenciones que la ELM, pueda acceder a solicitar y le sean concedidas ayudas directas, sin pasar por el ayuntamiento, que normalmente no reparte ni por el grado de necesidad, ni por otro tipo de criterio, salvo el de la limosna.

El subdelegado entendió sus peticiones y les prometió que se lo hará llegar al Ministerio correspondiente.

Riada de aprobaciones presupuestarias de las Entidades Locales Menores en Palencia

Diario Palentino, 1/2/2013.- El Boletín Oficial de la Provincial (BOP) es el termómetro que ha permitido comprobar cómo en las últimas semanas las Entidades Locales Menores (ELM) de la provincia se han puesto las pilas para cumplir y aprobar sus presupuestos de este año.

Semanas atrás representantes de la Federación que agrupa a las Entidades Locales Menores de la provincia reclamaron a la Diputación ayuda, ante la falta de asistencia de secretarios de ayuntamientos a muchas Juntas Vecinales, lo que provocaba la imposibilidad de que éstas pudieran presentar sus cuentas tal y como marca la ley.

Oficialmente la Institución Provincial no ha confirmado la puesta en marcha de un programa de apoyo específico aunque vía mail sí ha recordado la necesidad de cumplir con la aprobación dentro de los plazos y en su web indica los cauces para contactar con el Servicio de Asistencia.

Oficiosamente las quejas planteadas parece que han surtido efecto, ya que en las últimas dos semanas decenas de Juntas Vecinales han aprobado su Presupuesto General para el ejercicio 2013 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, lo han expuesto al público en Secretaría General de la Junta Vecinal, a efectos de que los interesados pudieran examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal.

En el supuesto de que en el plazo de exposición no se presenten reclamaciones las Juntas Vecinales elevarán a definitivo su acuerdo.