miércoles, 15 de agosto de 2012

La FAEM asegura que suprimir las juntas vecinales tan solo es "márketing político"

Leonoticias.com, 15/8/2012.- La Federación Estatal de Entidades Locales Menores asegura que se trata de entidades sin costes y eliminarlas es sólo una operación de maquillaje. 

El secretario general de la Federación Estatal de Entidades Locales Menores (FAEM-FEEM), Miguel Gregorio, afirmó este martes que la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de suprimir estas administraciones es "marketing político" de cara a Europa. En la rueda de prensa ofrecida tras la reunión que han mantenido CCOO y UGT con esta organización, Miguel Gregorio sentenció que con esta ley Rajoy daría a entender ante Europa que hay "3.723 administraciones locales menos", argumento que acompañaría con el ahorro que se le exige desde instancias comunitarias.

Pero, según informó el presidente de FAEM-FEE, Antonio Martín, dicho ahorro no existe, dado que estas juntas vecinales no cuestan "nada" al Estado. Sus recursos proceden, aseguró, de las tasas por los servicios que prestan a los ciudadanos, el aprovechamiento forestal, arrendamiento de tierras, pastos y los impuestos que el municipio al que pertenecen recauda dentro de su delimitación territorial. "El Estado central no nos pasa ni un solo euro, por lo tanto nosotros no somos los causantes del déficit público que hay en la Administración central", sentenció Martínez.

El presidente recordó que de las 3.723 administraciones locales menores que existen, 3.000 presentan superávit -el déficit del resto se debe, según alegó, a que no reciben las cuantías por los impuestos que se recaudan en su área- y ayudan, entre otras cosas, a extinguir los incendios que se producen en sus áreas de influencia. Su supresión causaría, en su opinión, un "despoblamiento rural", la incertidumbre laboral entre los más de 15.000 trabajadores que estas administraciones tienen empleados, además de problemas económicos, sociales y medioambientales.

Por ello, el presidente pidió al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "pare esto como sea". La única solución que avistan es la anulación del articulado del proyecto de ley referido a la materia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio que suprime estos organismos.

Desde CCOO, su secretario de Comunicación, Fernando Lezcano, enmarcó está acción dentro de la política del Gobierno de ser "muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes". Esto es lo que ha motivado el compromiso de los dos sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- para instar al Ejecutivo a que revoque la decisión, entablar diálogo con los grupos parlamentarios para que se opongan a la ley en su tramitación, mostrar su "posición crítica" con la norma si pasa por el Consejo Económico y Social y, finalmente, apoyar la manifestación convocada para el próximo 10 de septiembre.

A pesar de las numerosas leyes que ha habido a lo largo del tiempo sobre la administración local, ninguna había propuesto la eliminación de estas entidades históricas que buscan, entre otras cosas, promover la participación ciudadana e incrementar la calidad de vida de sus cerca de 700.000 vecinos, según los representantes de la federación que las agrupa.

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