sábado, 29 de diciembre de 2012

La reforma de la Administración local, prioridad para el 2013

La Crónica de León, 29/12/2012.- El Consejo de Ministros, celebrado ayer, dejó en el epígrafe del ‘debe’ la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local. Si bien, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, precisó que la nueva configuración de las administraciones locales será una de las prioridades para el próximo año.

La Ley de Bases de Régimen Local es especialmente importante para la provincia de León desde el momento en que cuenta con más de 1.200 juntas vecinales. Esta estructura territorial podría desaparecer si no se presentan las cuentas en tiempo y forma.

De momento, y si no se amplía el plazo, sólo el 15% de las juntas vecinales de la provincia de León han presentado sus cuentas. Según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas de Castilla y León, son menos de 200 las pedanías que han presentado las cuentas correspondientes al pasado año y que se fiscalizan éste.

La desaparición de las pedanías es una cuestión que ha provocado un profundo malestar tanto en partido políticos, como en asociaciones sociales y, desde luego, en las propias juntas vecinales de la provincia. Se ha llegado, incluso, a acusar al Gobierno de querer quedarse con el patrimonio de estas entidades locales. Se ha denunciado, además, que las juntas vecinales no han contado con el apoyo necesario por parte de las administraciones para poder dar de paso sus cuentas. Las críticas se han centrado sobre todo contra la Diputación de León y la “ineficacia” del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), según denuncian desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.
Mientras, ayer se reunió en la capital leonesa el Frente en Defensa de las Juntas Vecinales. En el encuentro se hizo un repaso a las posturas que han defendido el PP, el PSOE y la Federación de Municipios y Provincias sobre la nueva Ley de Bases de Régimen Local. Se hizo además un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos y asociaciones leonesas para que defiendan la pervivencia de la juntas vecinales. Reclamaron, además, a todos los colectivos implicados a que estén dispuestos a movilizarse para evitar su desaparición.

El PP estudia un pacto de Estado para conseguir la reforma de la Administración Local

Ileon, 28/12/2012.- Tras una reunión entre diversos cargos del Partido Popular, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, este último ha asegurado este jueves que "es imprescindible un gran pacto de Estado, con el Partido Socialista, para lograr una buena reforma de la Administración Local".

El dirigente popular ha incidido en la idea de Mariano Rajoy de la necesidad de clarificar las competencias de los Ayuntamientos: una Administración, una competencia, y ha subrayado que, al tratarse de un asunto complejo, y que afecta a todos los niveles de la Administración, es necesario que "toda la Administración y todos los partidos vayamos de la mano".

Así, Arenas ha insistido en la importancia de la misma "para sostener la arquitectura institucional y hacerla más eficiente" y ha matizado que "responde a una demanda de la sociedad y tiene como objetivo fortalecer la Administración Local como elemento de cohesión nacional".

Reforma integral de toda la Administración

De otro lado, Arenas ha hecho hincapié en que "esta es una parte de la gran reforma que ha de hacerse a toda la Administración Pública, porque de otro modo no tendría sentido".

Finalmente, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del Partido Popular ha asegurado que es en los ayuntamientos donde han sido más claras las cuentas públicas. "La administración local es donde se ha producido un menor desajuste en las cuentas públicas, sin embargo tienen que involucrarse en ellas", ha concluido.

viernes, 28 de diciembre de 2012

La Junta asegura que el anteproyecto de ordenación territorial respeta el pacto con el PSOE


El Norte de Castilla, 28/12/2012.- La Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado oficial para salir al paso de las críticas del secretario regional de los socialistas, quien el jueves aseguró que el Ejecutivo de Herrera no habia pactado el texto del anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León. En el comunicado no solo insiste en que el pacto Herrera-Villarrubia está «íntegramente» recogido en el anteproyecto de ley sino que, además, en la Mesa de Ordenación del Territorio se encontraba presente la portavoz adjunta del PSOE, Ana Redondo, quien conoció, dice la Junta, las líneas generales del acuerdo.

El texto íntegro del comunicado de la Junta es el siguiente:

«La elaboración del Anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León es resultado de un proceso abierto y participativo, desarrollado a lo largo del último año y medio, impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de la Presidencia y en el que han participado las entidades locales y los agentes políticos y sociales de la Comunidad.

Por esta razón, una semana antes del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre, se reunió la Mesa de Ordenación del Territorio - viernes 21 de diciembre- para tratar de los contenidos del anteproyecto de ley. En la Mesa está presente el Grupo Parlamentario Socialista y asistió su representante en esta, Ana Redondo. En esa reunión todos los asistentes tuvieron ocasión de conocer el contenido del anteproyecto; contenido que fue reflejado en los medios de comunicación de forma muy detallada tras la reunión.

El anteproyecto –agrega el texto del comunicado de la Junta– recoge todos y cada uno de los puntos previstos en el Acuerdo Básico alcanzado el 10 de octubre entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León y el Partido Socialista de Castilla y León en materia de ordenación servicios y gobierno del territorio, que constituye la base del anteproyecto y, en particular, los aspectos expresados por el secretario general del Partido Socialista en sus declaraciones de ayer en relación con la no supresión de municipios ni entidades locales menores, y la no creación de entes administrativos intermedios.

Los aspectos relativos a la financiación, también mencionados en esas declaraciones, tal y como recoge el Acuerdo, se aprobarán posteriormente. Concretamente, la referencia del Acuerdo a esta cuestión dice expresamente: "Una vez que el Estado apruebe la modificación de la legislación básica sobre régimen local, y la comunidad autónoma apruebe la Ley de Ordenación y Servicios y Gobierno en el Territorio, la Junta de Castilla y León asume el compromiso de aprobar, en los tres meses siguientes, un Proyecto de Ley que regule la forma efectiva de materializar la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la redacción del artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía".

La voluntad de la Junta de Castilla y León de cumplir el acuerdo se refleja además en que su contenido ha inspirado ya, a lo largo de estos meses, la firma de diferentes protocolos entre la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León respeta los acuerdos que firma

La búsqueda de pactos y consensos –continúa el comunicado oficial– es una constante en la labor de gobierno de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, también el respeto de esos acuerdos.

En este sentido, hay que recordar que el Acuerdo Básico en materia de ordenación, servicios y gobierno en el territorio incluye los siguientes puntos, contemplados todos ellos en el anteproyecto de ley: no suprime ningún municipio ni entidad local menor, se profundiza en la cooperación entre las entidades locales y los municipios a los que pertenecen; se crean las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, que se configurarán en un nuevo mapa territorial en el que deberán converger los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León; se articulan fórmulas flexibles para mejorar la cooperación entre las ciudades de más de 20.000 habitantes y sus alfoces; se impulsan las mancomunidades de interés general fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios, que deberán coincidir sustancialmente con las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, con una cartera de servicios común; las mancomunidades no supondrán la creación de nuevas estructuras administrativas; se refuerzan y modernizan las diputaciones provinciales para adecuarlas al nuevo modelo, suprimiendo duplicidades.

Las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Castilla y León –añade el comunicadod e la Junta–, en las que tilda la presentación del anteproyecto como "presentación de forma unilateral y no negociada", muestran el desconocimiento de hasta qué punto ese anteproyecto es el resultado del trabajo realizado en el seno de la Mesa a lo largo de estos meses y como consecuencia, precisamente, de un Acuerdo con el Partido Socialista en el que su secretario general ha tenido un papel muy destacado, asumiendo esta iniciativa como un proyecto de Comunidad.

La presencia, hace justamente una semana, de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Mesa de Ordenación permitió al Partido Socialista de Castilla y León conocer pormenorizadamente el anteproyecto de ley aunque, como es obvio, el texto no fue entregado en esa reunión, pues parece lógico que lo conozca en primer lugar la Junta de Castilla y León, a quien corresponde la responsabilidad de gobierno. En esa misma reunión se informó de que el anteproyecto se iba a presentar este jueves 27 de diciembre por parte de la Junta. De esta forma, las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Castilla y León manifestando desconocer el contenido del anteproyecto sólo pueden mostrar un problema de comunicación interna dentro de su propio partido.

La reunión de la Mesa de Ordenación y el contenido del anteproyecto allí explicado fueron recogidos puntualmente por los medios de comunicación, que resaltaron que lo allí explicado es fruto del Acuerdo Básico firmado con el Partido Socialista, por lo que para la Junta de Castilla y León constituye una sorpresa que el propio firmante del Acuerdo no reaccione de forma más positiva al cumplimiento de lo pactado.

En suma, –finaliza el comunicado–el Acuerdo Básico firmado con el partido socialista está desarrollándose a buen ritmo y es difícil entender que cuando los medios de comunicación destacan precisamente este hecho, uno de sus principales protagonistas parezca desconocer que la aprobación de este anteproyecto supone un paso muy positivo en un proyecto de Comunidad que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

jueves, 27 de diciembre de 2012

1.238 pedanías de León, pendientes del Consejo de Ministros del 28


La Crónica de León, 27/12/2012.- Las más de 1.200 juntas vecinales con las que cuenta la provincia de León tienen la vista puesta en la reunión de este viernes del Consejo de Ministros. En principio, el último encuentro de los ministros de este año debería servir para dar el visto bueno a la Ley de Bases de Régimen Local, documento que, entre otras medidas, provocaría la desaparición de las pedanías que no tengan sus cuentas al día.

Esta medida afectará de manera muy especial a la provincia de León, donde se concentran la mayor parte de las juntas vecinales del país. Según los últimos datos aportados por el Tribunal de Cuentas de Castilla y León, únicamente el 15% de las juntas vecinales de la provincia leonesa han presentado sus cuentas en tiempo y forma. El plazo para presentar sus informes financieros concluye a finales de este año.

Así las cosas y de salir adelante la Ley de Bases de Régimen Local en los términos actuales, el 85% de las pedanías de la provincia de León se verían abocadas a su desaparición. 
El afán de poner en orden las cuentas de las entidades locales afectará también a las mancomunidades. En la Ley de Bases de Régimen Local se les da un año de plazo desde que entre en vigor la nueva normativa para demostrar su viabilidad económica. 

La desaparición de la juntas vecinales es una cuestión especialmente sensible en la provincia de León. De hecho ya se ha constituido una Federación Leonesa de Entidades Locales Menores que pretende defender estos organismos, uno de las más arraigados en la provincia.

Desde las propias juntas vecinales llevan meses denunciando la imposibilidad de presentar las cuentas por la falta de secretarios y la ausencia de ayuda por parte de las administraciones públicas, especialmente de la Diputación.

domingo, 23 de diciembre de 2012

La supresión de las pedanías desaparece del borrador de la ley


Diario de León, 23/12/2012.- El Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya no contempla la supresión de las entidades locales menores (ELM) ni les privará de personalidad jurídica, según el portavoz de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González Antón, que considera que el nuevo texto permite a las juntas vecinales «seguir prestando su función en el medio rural y se evitan muchos conflictos jurídicos, derivados de la protección que reciben de los Estatutos de Autonomía y de la legislación autonómica y foral», en este último caso, en los territorios regidos por normativa particular.

Según la federación leonesa, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas también ha confirmado a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que concejos, juntas vecinales y pedanías deberán aprobar sus presupuestos, rendir cuentas, cumplir con el principio de equilibrio presupuestario y sostenibilidad económica «para mantener sus competencias».

En este sentido la agrupación leonesa de entidades locales menores entiende que, como cualquier otra Administración, «las juntas vecinales debe cumplir la ley escrupulosamente». Sin embargo, la federación leonesa informará al ministerio de que la junta de Castilla y León «no ha desarrollado el reglamento que prevé la Ley de Régimen Local de Castilla y León desde 1988, que debe regular el funcionamiento del Servicio de Asistencia a la Entidades Locales Menores, lo que imposibilita a muchas juntas vecinales no sólo aprobar sus cuentas, sino adoptar acuerdos legales» al no intervenir en las sesiones plenarias «los secretarios municipales o uno habilitado por el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación.

La federación leonesa entiende que la Administración autonómica obliga a las ELM a cumplir la ley «cuando ella misma la está incumpliendo», motivo por el que se requerirá «la aprobación inmediata del reglamento o la modificación de la Ley de Régimen Local», bien a través de la federaciones provinciales de ELM o de la federación castellano y leonesa.

Las agrupaciones de ELM se reunirán con los colegios de secretarios municipales de la comunidad autónoma «para coordinar acciones en este punto, pues la Junta de Castilla y León no puede hacer responsable de la ilegalidad a la que condena a las juntas vecinales a éstas o a las secretarios de los Ayuntamientos». La existencia de ELM en León, Burgos y Palencia debería ser acicate para que los representantes provinciales exigieran a la Junta de Castilla y León «que dote de apoyo suficiente a las juntas vecinales, tanto en apoyo normativo como técnico, humano y económico».

Protocolo de actuación

La federación también anuncia que prepara un protocolo de actuación para aquellas pedanías «que sufran perjuicios por la anulación de acuerdos cuando no han recibido asistencia de los secretarios municipales o del SAM —sólo hay uno para toda la provincia—».

La federación leonesa estima que el 2013 será un año crucial para el futuro del sistema concejil en León y la vida de los pueblos y estima «mucho más urgente que una nueva ley de ordenación del territorio es cumplir con la legislación existente o cambiarla».

sábado, 22 de diciembre de 2012

Las juntas piden a PP y PSOE que aclaren sus posturas ante la posible desaparición

Leonoticias, 21/12/2012.- El Frente Amplio en Defensa de las Juntas Vecinales, constituido por diversas organizaciones y plataformas en defensa de los concejos, ha exigido al PP y al PSOE que expliquen las posturas que defienden respecto a la supervivencia de las entidades locales menores en el proceso de negociación que, ambos partidos y la Federación Española de Municipios y Provincias, desarrollan para reformar la administración local.
“El PP apostaba por eliminarlas en un comienzo; el PSOE las considera meros instrumentos para ejecutar competencias municipales; la FEMP anunció hace meses que se les aplicaría el informe de viabilidad económica que en un principio iba a servir para quitar competencias a los Ayuntamientos y, antes de fin de año, debemos conocer cuál es realmente la situación que sufrirán las entidades locales menores, una vez PP y PSOE presenten en el congreso el fruto de sus acuerdos”.

Así, la plataforma ha señalado que la falta de transparencia es “absoluta”. “No conocemos los puntos de partida reales de cada organización, y mucho nos tememos que las juntas vecinales saldrán mal paradas en el proyecto de León. Salvo que la transparencia permita modificar el borrador antes de su aprobación en el Consejo de Ministros y, para que esto sea así, el PP y el PSOE deben informar a la opinión pública con urgencia y demostrar, por una vez, que la democracia no ha muerto del todo en España”.

jueves, 20 de diciembre de 2012

PSCL pide evitar la desaparición del 85% de las juntas vecinales


Europa Press, 20/12/2012.- El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado a la Junta la puesta en marcha de las medidas necesarias para evitar la desaparición del 85 por ciento de las juntas vecinales de Castilla y León que, debido a la falta de recursos económicos pero sobre todo humanos, no van a poder presentar sus cuentas en los plazos establecidos por la ley.

De este modo, el Grupo Socialista formulará una pregunta al Ejecutivo regional y presentará una proposición no de ley con el fin de arrancar a la Junta un compromiso sobre la adopción de medidas urgentes para, antes de que concluya el año, y por ende el plazo fijado para la presentación de las cuentas, las juntas puedan disponer del personal necesario para realizar y firmar esa labor.

martes, 18 de diciembre de 2012

La Federación de Juntas Vecinales pide a la Junta más medios y financiación


Diario de León, 18/12/2012.- La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a la Junta de Castilla y León más colaboración en cuanto a medios personales y financiación para la gestión de las pedanías y le exige que asuma una postura similar a la de otras comunidades autonómicas, como Navarra o Asturias, que mantienen un apoyo institucional a las juntas vecinales con el fin de salvaguardar su existencia.

Según señaló ayer el secretario general de la Federación, Carlos González Antón, la cuestión se cierne en que «hay comunidades que entienden que las juntas vecinales son admnistraciones públicas y que merecen ser atendidas y un apoyo institucional y de formación». Sin embargo, «otras como la nuestra —en referencia a la Junta— no consideran necesario aprobar el reglamento como recoge la disposición adicional sexta de la Ley de Régimen Local, para establecer los mecanismos legales de funcionamiento de las pedanías».

A su juicio, desde la administración autonómica existe un «ninguneo» hacia las pedanías «que llegar a ser inconstitucional, por no decir la falta de educación en el trato hacia quienes son también administraciones públicas». «No nos pueden despreciar de esta forma tan grave», asevera el representante de la federación leonesa que lamenta que «ningún director general o el propio consejero de Presidencia de la Junta no haya hablado nunca de la aprobación de este reglamento».

«Intentamos ser optimistas, para ver si podemos cambiar las cosas» señala González Antón, aunque lo ve complicado dado que —frente a lo que ocurre en otras comunidades como el Principado donde todas las juntas vecinales se han unido en una federación multipartidista— «en León el PSOE veta la federación y se inventa un grupo de apoyo, mientras que el PP está escondido».

El secretario general de la federación cree que las pedanías son «parias» para la Junta «pese a ser las primeras administraciones locales que existieron en Castilla y León con carácter jurídico público, antes que los ayuntamientos». De hecho, considera una incongruencia el hecho de que exista una disposición adicional para desarrollar el reglamento y que la Junta se niegue a hacerlo. «O cambia la Ley de Régimen Local o la cumplen», asegura González Antón que no descarta exigir responsabilidades patrimoniales al Gobierno autonómico por los gastos que asumen las pedanías para llevar a cabo su gestión como consecuencia de la falta de desarrollo del reglamento.

lunes, 17 de diciembre de 2012

La federación de pedanías de León estudia pedir responsabilidades patrimoniales a la Junta

La Crónica de León, 17/12/2012.- Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el abogado Carlos González-Antón confirmó que no descartan pedir responsabilidades patrimoniales a la Junta de Castilla y León por la falta de asistencia rápida a las juntas vecinales. Entiende González Antón que la responsabilidad de la Junta de Castilla y León se debe a que no ha llevado a cabo el desarrollo legal de la normativa que obliga a prestar asistencia a las juntas vecinales. Este desarrollo legal lleva pendiente desde el año 1998.

Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se muestran especialmente críticos con la situación en la que pueden quedar las pedanías. Destaca González Antón la imposibilidad de muchas juntas vecinales para presentar las cuentas desde el momento en que no se está disponiendo del servicio de los secretarios de los ayuntamientos. Tampoco es suficiente la labor que se desarrolla desde el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de León, que sólo cuenta con dos funcionarios para validar las cuentas de las más de 1.200 juntas vecinales de la provincia de León.

Además, precisa Carlos González Antón “tenemos serias dificultades para saber los datos de las juntas vecinales que han presentado sus cuentas”. La información que maneja González Antón, aportando datos del Ministerio de Administraciones Públicas, es que sólo 147 entidades locales menores de las más de 3.700 que hay en España han presentado las cuentas correspondientes al pasado ejercicio. 

A pesar de que algunas pedanías intentan poner sus cuentas al día acudiendo a gestorías privadas, desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores exigen que ese trabajo sea realizado por los funcionarios públicos. “Son ellos quienes tienen que presentar las cuentas para luego ser avaladas por los organismos competentes, precisa González Antón.

Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores van aún más allá y entienden que la desaparición de las juntas vecinales es un problema “sumamente grave”. Consideran que “los políticos se han montado una película” con la nueva ordenación del territorio, pero no se han tenido en cuenta las juntas vecinales. “No conocen –en referencia a los políticos– la realidad. Quieren poner patas arriba toda la administración local”.

Sólo el 15% de las juntas vecinales de la provincia han presentado sus cuentas


La Crónica de León, 17/12/2012.- Sólo el 15% de las juntas vecinales con las que cuenta la provincia de León han presentado las cuentas correspondientes al pasado ejercicio económico y que se fiscalizan este año. Así, según la información aportada por el Tribunal de Cuentas de Castilla y León 187 pedanías ya han presentado este año sus cuentas. La provincia leonesa cuenta con más de 1.200 juntas vecinales, es el territorio español con un mayor número de entidades locales menores.

Con estos datos en la mano y ante las intenciones del Gobierno de acabar con todas aquellas entidades locales menores que no presenten sus cuentas de manera regular, el 85% de las juntas vecinales de la provincia podrían tener “serias” dificultades para seguir adelante en el nuevo marco legislativo.
El tiempo apremia. Las entidades han de tener sus cuentas en regla antes de que concluya este año. Fuentes del Tribunal de Cuentas de Castilla y León confirman que las cuentas presentadas son aún muy reducidas, pero sí se está detectando un incremento considerable durante las últimas semanas. 

El propio presidente del Tribunal de Cuentas de Castilla y León, Luis Miguel Encabo, declaró estos días que estaba “encantado” de tener más trabajo para “mejorar la rendición de las cuentas” ante el aumento de expedientes tramitados por parte de las entidades locales menores. Al respecto, el presidente del Tribunal de Cuentas de Castilla y León recordó que desde la institución habían remitido cuatrocientas cartas a las juntas vecinales con más de cien habitantes, algunas de ellas con ingresos importantes. 
El presidente del Tribunal de Cuentas de Castilla y León, además, indicó entender las dificultades por las que pasan las entidades locales menores, pero les recuerda que presentar las cuentas se trata de “una obligación”.

Desde las juntas vecinales insisten en que están sufriendo una clara falta de financiación por parte de los ayuntamientos. Constatan, también, que los secretarios no están haciendo la labor de asesoramiento que deberían. Entre sus reivindicaciones figura la petición al Tribunal de Cuentas de Castilla y León para que simplifiquen los trámites a la hora de rendir las cuentas. “Para justificar unos cuantos euros hay que hacer demasiados trámites”, lamentan desde las juntas vecinales.

La idea del Gobierno central de suprimir la entidades locales menores –aún no se ha dado vía libre a la nueva Ley– acarreó en la provincia de León una auténtica oleada de protestas. Las juntas vecinales son una de las señas de identidad más características de la provincia de León. Su defensa pasa por ser el organismo que más cercano al ciudadano. Circunstancia que se hace especialmente significativa en una provincia como León donde la población se encuentra dispersa y es una de las más envejecidas del país.

domingo, 16 de diciembre de 2012

Las juntas vecinales de Cantabria eligen a González Olcoz como presidente de su Federación


El Diario Montañés, 16/12/2012.- Representantes de 150 de las 500 juntas vecinales de la región eligieron ayer por práctica unanimidad al alcalde pedáneo de Cosío y Rozadío (Rionansa), Pedro González Olcoz, como primer presidente de Federación de Entidades Locales Menores de Cantabria (Femcan), una entidad que inicia su andadura ahora.

González Olcoz encabezaba la única candidatura presentada, que también estaba integrada como vicepresidenta por Marta Santiago Hoyos (Cervatos, Campoo de Enmedio), como secretario general por Xavier Murgui González (San Martín de Valdelomar, Valderredible), y como tesorera por Silvia Gómez Argüeso, en representación del concejo de Costana, Campoo de Yuso.

En declaraciones a Efe tras su elección, González Olcoz anunció que, como primera medida, la Femcan va a solicitar entrevistas con el presidente regional, Ignacio Diego; de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez, y de la Federación Española, Íñigo de la Serna.

viernes, 14 de diciembre de 2012

El Consejo de Cuentas ofrece su colaboración para mejorar la rendición de cuentas de las pedanías

Consejo de Cuentas de CyL, 11/12/2012.- El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, acompañado por el consejero responsable del departamento de entidades locales, Emilio Melero, ha mantenido una reunión con representantes de la Federación Independiente de Entidades Locales Menores, con el objetivo general de ampliar los mecanismos de colaboración para mejorar la obligada rendición de cuentas.

Durante el encuentro mantenido, Encabo ha recordado que el nivel de rendición de cuentas de este tipo de entidades, aunque este año está presentando síntomas de mejora, continúa siendo excesivamente bajo, con solo un 12% del total de las 2.240 existentes en la Comunidad en relación al ejercicio 2011.

Por su parte, el presidente de la FIELM, Juan Carlos Díaz, expresó su disposición a mejorar estas ratios, así como su interés por facilitar el cumplimiento de esta obligación, dada la preocupación existente en la actualidad en este colectivo ante la posibilidad de que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pudiera vincular la continuidad de las entidades locales menores a la rendición de cuentas.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Las pedanías aceleran su rendición de cuentas para no desaparecer


ABC, 12/12/2012.- El 19 por ciento de las entidades locales menores de Castilla y León han presentado al Consejo de Cuentas su rendición de cuentas del pasado año. Aunque la cifra es todavía muy reducida, se ha incrementado notablemente en la última semana especialmente desde que ABC adelantara el último borrador de la Ley de Bases de Régimen Local en el que el Gobierno permite la continuidad de este tipo de poblaciones siempre y cuando presenten con regularidad y en tiempo y forma sus números a los organismos correspondientes. Desde la Federación Independiente de Entidades Locales, que agrupa sólo en Burgos a cerca de 200 pequeñas entidades, se anima a los alcaldes a utilizar todos los medios a su alcance para «cumplir» antes del 31 de diciembre.

Responsables de la Federación se reunieron ayer con el presidente del Consejo de Cuentas, Luis Miguel Encabo, para solicitar entre otros aspectos una «prórroga» a la presentación de estos números. Este aspecto no pudo ser atendido, según explicó tras el encuentro el portavoz, Óscar Alonso, quien reconoció la obligatoriedad de presentar las cuentas, pero recordó que muchas de estas entidades «no lo han hecho nunca», entre otras cosas, por la imposibilidad de los secretarios de atender a todas las entidades locales menores a su cargo.

Sin querer entrar en polémicas. Alonso señaló que la federación remitirá un escrito a todos los alcaldes para que intenten presentar sus cuentas. En este sentido, señaló que algunos ya han optado por la contratación de gestores privadas. Desde la agrupación explicarán a los ediles el proceso para cumplimentar al Consejo. Alonso consideró necesario además que la Mesa de la Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León aborde la situación de los secretarios municipales, sus competencias y obligaciones para con las entidades locales menores a las que deben atender.

En la misma línea, el presidente de la Federación, Juan Carlos Díez, que representa también los intereses de entidades Palencia, Soria, Aragón y Cantabria, se felicitó por el «sensible» aumento del número de poblaciones que «se ha puesto al día» desde que se conoció el cambio de postura del Gobierno y consideró que serán «muchas» las que lo hagan antes de finalizar el año.

Sobre el futuro más próximo y una vez que el Gobierno central apruebe la nueva Ley, Díaz recuerda que serán las comunidades las que fijen «los medios» con los que contarán para «cumplir» y el que no lo haga «desaparecerá». Aunque aún no están cerrados los plazos, el también presidente de la junta vecinal de Virtus (Burgos), sí reconoce que muchas «quedarán en el camino».

Díaz también trasladó a Encabo las «dificultades» que tiene este tipo de entidad. Tras constatar que existe «una clara falta de financiación» por parte de los ayuntamientos y de que los secretarios «no hacen la labor de asesoramiento que debieran», pidió al Consejo «simplificar» el sistema para la rendición porque «para justificar unos cuantos euros hay que hacer demasiados trámites». Al respecto, «nos han dicho que cualquier modificación es complicada».

lunes, 10 de diciembre de 2012

El PSOE de León ofrece apoyo incondicional a las juntas vecinales de la provincia

Leonoticias, 10/12/2012.- El PSL pone en macha un equipo de apoyo a las juntas "que respaldará la labor diaria de cientos de Alcaldes pedáneos de la provincia".

El PSOE de León ha ofrecido este lunes su apoyo incondicional a las juntas vecinales de la provincia y para ello ha puesto en macha un equipo de apoyo a las juntas "que respaldará la labor diaria de cientos de Alcaldes pedáneos de la provincia"
Para el Partido Socialista de León las Juntas Vecinales constituyen un símbolo dentro de la forma de gobierno y gestión de nuestra de provincia, considerándolas como "una de las herramientas más importante de apoyo a los vecinos y vecinas que viven en nuestros pueblos". Así define Tino Rodríguez el firme compromiso de la ejecutiva provincial que encabeza con el medio rural, según ha recordado a través de un comunicado de prensa.

Por ello, y con el fin de respaldar la labor que los presidentes de juntas vecinales ejercen diariamente "para garantizar el futuro de nuestro medio rural, desde el Partido Socialista de León se ha puesto hoy en marcha un Equipo de Apoyo que atenderá todas la demandas que le lleguen desde las distintas Juntas Vecinales que el PSL gobierna a lo largo y ancho de la provincia".

Este equipo, englobado dentro de la Secretaria de Política Municipal, Juntas Vecinales y Medio Rural se encuentra encabezado por el alcalde de Pajares de los Oteros Julio César Fernández, además de Lisardo Álvarez, licenciado en Ciencias Empresariales y presidente de la junta vecinal de San Emiliano de Babia y por la diputada provincial María Eugenia Gancedo, contando además con el apoyo de personal tanto en el partido como en Diputación.

El objetivo más inmediato del equipo es que todas las juntas vecinales puedan cumplir con los estándares de calidad y transparencia económica que anuncia establecer el Gobierno de Rajoy, argumento velado que desde el Partido Popular se pretende utilizar para suprimirlas, para lo que se asesorará en la elaboración y presentación de presupuestos, así como en los trámites ordinarios que se plantean en la gestión diaria de las juntas vecinales.

Desde el Partido Socialista de León se apuesta de forma decidida por el mantenimiento de esta órgano de gobierno democrático, "por lo que seguiremos luchando y utilizando todos los resortes políticos y legales a nuestro alcance para defender el mantenimiento de las mismas, impulsando además todas las iniciativas que sean necesarias para que ningún Alcalde pedáneo del PSOE se sienta desatendido en la importante labor diaria que realizan en nuestros pueblos".

Nuevo corte en la AP-66 en La Magdalena contra la supresión de las juntas vecinales

Leonoticias, 9/12/2012.- La protesta fue convocada por la Plataforma de Omaña, que integra a una treintena de entidades locales menores de esta comarca leonesa. Unas 50 personas participaron a primera hora de la tarde de este domingo en una concentración en La Magdalena para protestar contra la supresión de las juntas vecinales planteada por parte del Gobierno central. Tras una pancarta en la que se podía leer el lema ‘No al expolio de nuestros pueblos. No a la supresión de las juntas vecinales’, los manifestantes se reunieron en la entrada de La Magdalena, donde el cruce de acceso a la AP-66.

La protesta fue convocada por la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, que integra a una treintena de entidades locales menores de la comarca. Los objetivos de este colectivo pasan por el rechazo a la supresión de las juntas vecinales en general, y en particular a las de esta zona, donde recuerdan que su coste “para el erario público es cero”.

Del mismo modo, apuestan por “mantener la personalidad jurídica, el patrimonio y las competencias actuales” de las entidades locales menores y por “defender la capacidad de gestión vecinal, democrática y participativa sobre el patrimonio comunal de los pueblos a través de figuras como la del concejo abierto”. Otra de sus reclamaciones es que las juntas vecinales sean “interlocutoras en los procedimientos legislativos o en la toma de decisiones sobre los temas que les afecten”.

Desde su creación, la plataforma ha intentado “sumar esfuerzos” y “visibilizar” su protesta a través de diferentes concentraciones y acciones encaminadas a “crear conciencia entre la ciudadanía sobre la grave situación” y la “amenaza” a los pueblos que supondría la supresión de las entidades locales menores.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Tolivar alerta de la «orfandad» de los montes comunales si se suprimen las parroquias

La Nueva España, 6/12/2012.- El anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, anunciado en el Consejo de Ministros del pasado 1 de julio de 2012, suprimirá de un plumazo todas las entidades locales menores en España, entre ellas las 39 parroquias rurales de Asturias, poseedoras de buena parte de las más de 3000.000 hectáreas de montes comunales infrautilizadas en la región. Si el anuncio llega a buen puerto, el patrimonio de montes y pastizales, cotos de caza, aguas y otros bienes comunales será «usurpado» por el municipio del que cada entidad local dependa administrativamente.

Eso cree el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar Alas, que ayer puso el dedo en la llaga sobre el problema de «orfandad» que padecerá la superficie comunal asturiana si sale adelante la reforma, en la conferencia en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) bajo el título «Necesidad de un nuevo régimen legal de los bienes comunales como instrumento adecuado para el desarrollo de los pequeños y medianos concejos asturianos». La reforma también incluiría la supresión de 16 de los 78 municipios de la región, que no llegan al tope de 1.000 habitantes necesario para ser viables, en virtud de la propuesta del Gobierno.

Tolivar clausuró el ciclo «Ideas para una reforma del régimen local en Asturias», organizado por el RIDEA, con el patrocinio de Cajastur. Los directores del ciclo, el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil y el economista y doctor Roberto Fernández Llera anunciaron la publicación de un libro con el texto revisado de las conferencias.

El jurista, que en su día elaboró un estudio para el Banco de Tierras del Principado, destinado a dinamizar el territorio de uso agrícola paralizado «de forma estúpida», según apuntó Rodríguez-Vigil, abogó por que la comunidad autónoma haga uso de sus atribuciones y a partir de una ley autonómica legisle para permitir la utilización de unos bienes «infrarregulados» en Asturias, a los que los municipios no sacan partido ni destinan a los fines a los que los consagró la normativa ya contenida en la Constitución de 1812. Tolivar también estimó necesario elaborar una normativa propia y singular de régimen local para el Principado de Asturias.

miércoles, 5 de diciembre de 2012

¿Se salvan las juntas vecinales?

Ileon.com, 5/2/2012.- Según el periódico Abc un nuevo borrador de la reforma de las administraciones públicas que maneja el Gobierno ya no contempla su supresión total. Podrían sobrevivir las que cumplan con el nuevo marco legal que se fije para la administración local.


Según la información publicada por el diario Abc el último borrador del Gobierno de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local mantendría a las entidades locales menores, aunque bajo estrictas condiciones, como es el cumplimiento de sus obligaciones legales de dar cuentas. Así el Gobierno se retractaría de su intención inicial de suprimir todas estas entidades y ahora contemplaría que aquellas que cumplan con la normativa puedan pervivir y las que se divuelvan pase a manos del ayuntamiento donde se encuentren localizadas.

En España, según datos del Gobierno, hay registradas 3.725 entidades de este tipo y en León 1.234, un 33% de las totalizadas en el Estado.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha manifestado a ileon.com que la supresión o no de las juntas vecinales es un asunto que se mantiene dentro del marco negociador en el que se encuentra la reforma de las administraciones. El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy mantuvieron una reunión este martes en La Moncloa en la que acordaron darse un plazo de tiempo para negociar un acuerdo lo más amplio posible.

martes, 4 de diciembre de 2012

El Gobierno no elimina entidades menores que rindan cuentas


Concejos.org, 4/12/2012.- Las más de 2.300 entidades locales menores existentes en Castilla y León pueden sentirse algo más aliviados, aunque sea durante un tiempo limitado. El último borrador que maneja el Gobierno para reformar la Ley de Bases de Régimen Local y que supone una rectificación al planteado en Consejo de Ministros hace unos meses da cierta vida a esas poblaciones cuyo ámbito territorial es inferior al de un municipio. Algo similar ocurre con las mancomunidades, sobre las que gira la nueva ordenación del territorio prevista por el Gobierno regional y cuyo futuro también estaba entredicho. Ahora la Junta tiene vía libre para aprobar su modelo en el que este nivel intermedio de la administración adquiere una importancia decisiva. En todo caso, y pese al cambio de postura del Ejecutivo, que llegó a dar por fenecidas a ambas, se impondrán una serie de condiciones para sus continuidad futura.

En el caso de las pequeñas poblaciones se verán obligadas a rendir cuentas «ante los organismos correspondientes» que, en el caso de la Comunidad, sería el Consejo de Cuentas. Aunque el texto al que ha tenido acceso ABC no fija de momento el periodo necesario para que realicen este ejercicio de transparencia, lo cierto es que los datos de rendición siempre han sido más que pobres en unas entidades que apenas disponen de medios para poder ofrecer la información requerida. Al respecto, hace unos días Jesús Encabo, el presidente del organismo que fiscaliza todos los niveles administrativos de la región, aseguraba que las entidades locales menores «no mandan las cuentas no por decisión propia sino por incapacidad». En este sentido, las cifras oficiales más actualizadas confirmaban estas palabras al desvelar que sólo 260 de las más de 2.300 poblaciones de este tipo han presentado sus números de 2011. Aunque el borrador no lo deja claro, si el Gobierno aplicara la «tabla rasa» cerca del 90 por ciento de estas localidades se verían abocadas a su inmediata desaparición. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se prevé en otros apartados de lo que será la futura Ley parece lógico pensar que estas pueblos organizados bajo las denominadas juntas vecinales contarán con un periodo de transición para poder cumplir con lo que se les exige.

Si finalmente se produce la disolución, el borrador prevé que el personal que estuviera al servicio de la entidad desaparecida quede incorporada al Ayuntamiento al que estaba integrado y que éste asumirá «todos sus derechos y obligaciones».

Un año para la evaluación
En cuanto a las mancomunidades, incluidas las que «reorganizará» la Comunidad bajo el apellido de «interés comunitario», también podrán subsistir al menos durante algún tiempo. En concreto, dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma para superar los controles de evaluación a los que serán sometidos y que incluirán tanto una valoración de los servicios que prestan a los municipios como la de otros aspectos vinculados a la estabilidad presupuestaria. Si se incumplieran estas condiciones, el texto prevé también su eliminación y que sean las diputaciones las que asuman la prestación.

Estos serán algunos de los asuntos que centren la reunión que mantendrán hoy en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que había manifestado el malestar de la organización por el anuncio en julio en un Consejo de Ministros de la supresión de las entidades locales menores y de las mancomunidades, ahora matizada.

Aquella intención del Ejecutivo también provocó un amplio rechazo en las entidades locales menores de la Comunidad, especialmente en Burgos y León, donde su número es mucho más elevado. De hecho, la provincia leonesa acapara una de cada tres poblaciones de este tipo que existen en España.

También las distintas diputaciones y los partidos políticos mayoritarios expresaron su posición contraria al a desaparición de las entidades locales menores, que ven como se les abre una pequeña opción de futuro.

lunes, 3 de diciembre de 2012

Los secretarios piden a la Junta de Castilla y León que cree la asesoría de pedanías que marca la ley

Diario del Derecho Municipal, 3/12/2012.-  El colegio profesional que aglutina a los secretarios municipales de León insta a la Junta a desarrollar la asesoría para las juntas vecinales que contempla la Ley 1/98 de Régimen Local de Castilla y León. Según recuerdan, el director general de Administración Territorial reconocía en un escrito del 4 de abril del 2011, que casi trece años después de promulgarse esa ley, aún no se ha impulsado el servicio de asistencia a entidades locales menores. Un vacío reglamentario que, según la federación leonesa que defiende a las pedanías, ha creado un tapón de acuerdos sin validar en los pueblos.

El PCAS pide una ley de entidades menores para garantizar las pedanías

Diario de Burgos, 2/12/2012.- El Partido Castellano (PCAS) presentó ayer a decenas de cargos públicos de la formación en la provincia su propuesta de Ley específica de Entidades Locales Menores de Castilla y León, que busque garantizar la existencia de las pedanías como elemento vertebrador fundamental en la lucha contra la despoblación en el territorio castellano.

Fue una presentación en el marco de una jornada de trabajo, celebrada en la capital, para analizar el Futuro de la Ordenación del Territorio en el Medio Rural. Los castellanistas pretenden, con este tipo de encuentros, discutir sobre el actual proceso de cambios normativos en el ámbito legal y competencial que afecta a los pequeños municipios rurales castellanos, así como a las entidades locales menores. Los alcaldes, concejales, y alcaldes pedáneos, presentes en el encuentro, tuvieron la oportunidad de expresar su modelo de ordenación rural, así como en el diseño de políticas de desarrollo sostenibles en el ámbito rural. Muchas de las propuestas sirvieron para conocer iniciativas municipales para un desarrollo rural sostenible en el ámbito de los pequeños pueblos castellanos, basadas en la potenciación de los recursos sociales, culturales, ambientales y económicos, propios y endógenos del tejido rural castellano.

El PCAS pretende, con estos encuentros, fortalecer el debate y la formación de los responsables municipales en pequeñas localidades, así como garantizar la generación de alternativas de futuro en el municipalismo del medio rural castellano. Todo en un momento, advierten los castellanistas, con recortes de servicios sociales básicos y por la fusión de pequeños municipios, sin olvidar -precisan- la ausencia de políticas de lucha contra la despoblación y el envejecimiento.

domingo, 2 de diciembre de 2012

Convocada una concentración en La Magdalena contra la intención del Gobierno de suprimir las Juntas Vecinales


Nota de Prensa, 2/12/2012.- La Plataforma de Omaña argumenta en contra de lo que considera una amenaza injustificada y un agravio comparativo respecto a otras administraciones públicas

En la última reunión mantenida la semana pasada por los integrantes de la Plataforma de Omaña para la Defensa de las Juntas Vecinales, actualmente formada por cuarenta pueblos de dicha comarca y comarcas limítrofes, se constató que, a pesar de la proliferación durante las últimas semanas de numerosas noticias y opiniones relacionadas con este asunto, nada da pié a pensar  que el Gobierno del Estado Español haya modificado su intención última que es la de suprimir las Entidades Locales Menores.

Desde la Plataforma  de Omaña se argumenta que no hay por qué vincular, como en algunas declaraciones se ha planteado, las necesarias mejoras en cuanto a rendición de cuentas, gestión de servicios y estabilidad presupuestaria de algunas pedanías, con la posibilidad de que sean suprimidas. El hacerlo así supone aceptar un agravio comparativo respecto a otras administraciones públicas, en las que sí se dan altos niveles de endeudamiento y opacidad en la gestión, y para las cuales no se plantea su supresión. Además, la amenaza de supresión menoscaba el reconocimiento y la importancia debida a  la gran mayoría de las entidades locales menores que ni tienen déficit ni cuestan un euro al erario público; en las que sus juntas vecinales vienen desarrollando un trabajo altruista, cercano al vecindario y abierto a su participación directa y democrática a través de los concejos; y en cuya gestión del patrimonio, bienes y servicios, se anteponen el interés comunitario a los intereses particulares o partidistas, como no ocurre en el caso de otras administraciones públicas.     

Por todo ello han convocado una concentración ciudadana para el próximo domingo día 9 de diciembre, a las cuatro de la tarde, a la entrada de la localidad de La Magdalena en contra de la supresión de las Juntas Vecinales contemplada por el Gobierno en el “Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.

Consecuentemente, desde la Plataforma de Omaña, al mismo tiempo que se anima a la movilización y la protesta de la ciudadanía contra tan grave atentado contra el futuro del mundo rural leonés, se hace un llamamiento a los responsables políticos para que tengan en cuenta el valor de las juntas vecinales como administraciones locales de primer orden, las doten de recursos y medios técnicos de asesoramiento, de manera que puedan solventar, llegado el caso, los problemas  de funcionamiento y rendición de cuentas que puedan existir, así como para que pueda darse salida a las demandas de validación de sus acuerdos a través de un secretario legalmente habilitado como prescriben las leyes.

PARA PONERSE EN CONTACTO CON LA PLATAFORMA:
TELÉFONOS 987230490 / 659039958
CORREO-E nuestrospueblosresisten@yahoo.es
MÁS INFORMACIÓN: www.juntasdeomaña.org

Reunión decisiva este martes para la reforma de la administración

Lainformacion.com, 2/12/2012.- El objetivo es "coordinarse" con sus Gobiernos autonómicos y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructurasMADRID, 2 (EUROPA PRESS)El Gobierno y el Partido Popular han organizado un encuentro este martes para dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. A esta reunión, en la sede nacional del PP, acudirán la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.También asistirán los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; el secretario Ejecutivo de Política Autonómica del partido, Juan José Matarí; y el secretario Ejecutivo de Política Local, Manuel Cobo.

SANTAMARÍA INFORMARÁ DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO
Las fuentes consultadas han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará en este encuentro de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.

MONTORO Y BETETA HABLARÁN DE LA REFORMA LOCAL 
Por su parte, Montoro y Beteta darán cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales. Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron este jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.REUNIÓN "ORDINARIA"Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.(EuropaPress)

La Junta rechazará los acuerdos de los pueblos que no estén firmados

Diario de León, 2/12/2012.- La Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la Ley de Régimen Local.

El delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales, pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre los documentos.

Según explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante, porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están «exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que exigirles rigor».

Rigor

La nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y los presupuestos.

Una situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos.

El delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local, ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza. 

Los secretarios piden a la Junta que cree la asesoría de pedanías que marca la ley


Diario de León, 2/12/2012.- El colegio profesional que aglutina a los secretarios municipales de León insta a la Junta a desarrollar la asesoría para las juntas vecinales que contempla la Ley 1/98 de Régimen Local de Castilla y León. Según recuerdan, el director general de Administración Territorial reconocía en un escrito del 4 de abril del 2011, que casi trece años después de promulgarse esa ley, aún no se ha impulsado el servicio de asistencia a entidades locales menores. Un vacío reglamentario que, según la federación leonesa que defiende a las pedanías, ha creado un tapón de acuerdos sin validar en los pueblos.

Por eso, el colegio propone que el Gobierno autonómico clasifique como puestos independientes las secretarías de aquellas entidades locales menores que por su capacidad presupuestaria pudiesen mantener el puesto. Para los demás casos, aplicables a la mayor parte de las 1.235 pedanías de León, según calculan, solicitan a la Junta que dentro de la política de apoyo a las Diputaciones Provinciales, «se dote presupuestariamente con cantidad suficiente a los Servicios de Asesoramiento y Asistencia para que puedan cumplir con la disposición adicional sexta de asesoría a las entidades locales menores que voluntariamente así lo requieran», explican.

Plazas amortizadas

Estas dos peticiones se pusieron en conocimiento de la Junta en noviembre del 2010. Desde entonces, el Gobierno autonómico no ha legislado nada sobre la materia y la Diputación «no sólo no ha creado más plazas que puedan prestar los servicios adecuadamente a las 1.235 entidades de la provincia, sino que ha amortizado alguna de las existentes, y actualmente en el SAM hay un sola puesto de trabajo de secretario-interventor», matizan.

El colegio también quiere aclarar que las funciones reservadas de control, fiscalización interna, gestión económica financiera y presupuestaria de las juntas vecinales «no corresponden al secretario municipal, dado que la Ley de Régimen Local de Castilla y León regula las funciones de secretaría y no así las de intervención». De modo, que la ejecución de presupuesto, su liquidación, la cuenta general, los informes de estabilidad, la remisión de documentación al Consejo de Cuentas y a Hacienda, no son competencia de los secretarios, al carecer de cobertura legal para ejercerlas. «Por ese motivo el Consejo de Cuentas de Castilla y León y resoluciones de las Cortes, en relación con el informe anual de las cuentas del sector público local, han venido recomendando que las Diputaciones creen un servicio a tal efecto». Consideran que el atasco de las pedanías no debe trasladarse a los secretarios de los ayuntamientos.

Nace 'Frente Amplio Ciudadano', un grupo para la defensa de las Juntas Vecinales


Leonoticias.com, 2/12/2012.- El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, exige hechos y no palabras en defensa de las Juntas Vecinales dado que ante el ataque del Gobierno a los concejos debe verse en movilizaciones en la calle e información veraz a la ciudadanía y no en propaganda vacía. Por da la bienvenida al ‘Frente Amplio Ciudadano’ en defensa de las Juntas Vecinales que sin intereses partidistas y con el único objetivo de conservar nuestros concejos acaba de constituirse e iniciar su trabajo a favor de las Juntas Vecinales.

Asimismo, IU tacha de fuera de lugar que algunas declaraciones públicas estén confundiendo a la gente sobre las intenciones del Gobierno contra las Juntas Vecinales. Por ello, recuerdan que la disposición cuarta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local mantiene, salvo que lo anuncie el propio gobierno, la disolución de las entidades locales menores y el pase de sus activos, pasivos y derechos a los ayuntamientos y los montes de utilidad pública pasarán a su vez a la Junta de Castilla y León.

El Presidente de la FEMP anuncio recientemente que esta disolución podría sustituirse por un informe de viabilidad económica de cada una de las entidades locales menores. Sin embargo, IU recuerda que desconoce los criterios cuando el propio anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad recoge este informe, obligatorio tras un año de entrada en vigor de la Ley, para conocer la viabilidad económica de las competencia municipales y de los propios ayuntamientos.

“Dicho informe está diseñado para decidir si estas competencia deben robarse a los ayuntamientos, privatizarse o si algún municipio debe desaparecer porque no tiene capacidad económica para ejercer estas obligaciones legales. Lo dicho, los criterios serán impuestos arbitrariamente por el Ministerio de Hacienda, será Hacienda quien decida la empresa o administración pública que realice estos informes de viabilidad y por último diseñará cual es la intención política de la misma”.

Por ello, IU denuncia que se quiere aplicar a las entidades locales menores, si es cierto lo anunciado pro el Presidente de la FEMP, el mismo procedimiento que se ha preparado para robar “competencias” a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y regalárselas a las Diputaciones, para obligar a los municipios mayores de 20.000 habitantes a privatizar sus servicios públicos y, finalmente, el procedimiento de disolución de aquellos Ayuntamientos que Hacienda considere sobran.

“Blanco y en botella, estamos ante la difícil decisión de pelear contra la disolución directa de las Juntas Vecinales un día después de la entrada en vigor de la Ley o callarnos y asumir que un año después y bajo la dictadura del Ministerio de Hacienda desaparecerán una a una por dictado político del PP”.

viernes, 30 de noviembre de 2012

Los pedáneos de Riello van al Senado en defensa de los pueblos


Diario de León, 30/11/2012.- El senador leonés Luis Aznar (PP) intentará sensibilizar al Ministerio de Administraciones Públicas sobre el importante papel que juegan las juntas vecinales en la provincia. Después de recibir en la Cámara Alta al alcalde de Riello, Manuel Rodríguez, y a una veintena de pedáneos de la zona preocupados por la posible desaparición de estas entidades locales menores, Aznar se comprometió a mantener una reunión con el portavoz del ministerio, Francisco Granados, para explicarle el valor de las juntas, que, según reconoció, son «poco conocidas fuera de Castilla y León».

Durante la reunión, en la que también participó el vicepresidente segundo del Senado, Juan José Lucas, el regidor le entregó una carta de la nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores en favor de la continuidad de esta figura administrativa, que hunde sus raíces en la Edad Media y da poder a 1.234 alcaldes pedáneos. Aznar ya ha trasladado esa misiva al Ministerio y ahora concertará la cita con Granados.

El senador considera, no obstante, que hay que esperar a conocer el proyecto de ley del Gobierno sobre el asunto. También recuerda que el grupo del PP en la Cámara Alta «ha ofrecido la posibilidad de escuchar a las juntas vecinales leonesas y tenemos la oficina parlamentaria abierta para ellas».

Las pedanías poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas.

Su abundante patrimonio se completa con un sinfín de edificios que han defendido con uñas y dientes durante siglos y que dificilmente van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central.

León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la hipotética disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país.

jueves, 29 de noviembre de 2012

La supresión de la pedanía de Nistal hace saltar las alarmas en los pueblos


Diario de León, 29/11/2012.- La confirmación ayer por parte de la Junta de Castilla y León de la supresión de la junta vecinal de Nistal, perteneciente al municipio de San Justo de la Vega, ha hecho saltar las alarmas en la recién creada Federación Leonesa de Entidades Locales Menores que alerta de que el caso de esta pedanía puede ser el primero de muchos más en los próximos meses «si no se toman en serio los problemas de los pueblos de León».

El caso de Nistal en concreto, recogido ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León, fue autorizado ayer por la Junta después de que en las elecciones municipales de 2007 y 2011 no se hayan presentado candidaturas para representar esta pedanía.

El pleno del Ayuntamiento de San Justo de la Vega acordó iniciar expediente de supresión de esta Entidad Local Menor, con fecha 22 de diciembre del 2011,.

La razón que invoca es el supuesto previsto en el artículo 71.2 b) de la Ley 1/1998, de 4 de junio, en el sentido de que se pueden suprimir si celebradas elecciones locales hubiesen quedado reiteradamente sin cubrir los órganos rectores de la entidad por falta de candidaturas, como ha sido el caso.

Este expediente, que se ha sometido a información pública, fue votado en contra por cinco de los 351 vecinos de Nistal . Los que rechazaron la supresión de esta pedanía manifestaron su disconformidad, ya que es «una entidad típica» y propusieron formar una comisión gestora.

El Pleno del Ayuntamiento de San Justo de la Vega informó al respecto, con fecha 13 de agosto, afirmando que dichas alegaciones son, en realidad, una propuesta de nombramiento de comisión gestora «extemporánea e inoportuna». La disolución de esta pedanía también fue informada favorablemente por la Diputación de León.

El pleno del Ayuntamiento de San Justo de la Vega deberá ahora reunirse para dar cumplimiento a la supresión de esta pedanía y levantar acta en la que conste el traspaso de los bienes, derechos y obligaciones de la entidad suprimida al Municipio, así como cuantas estipulaciones estimen oportunas.

Desde la federación leonesa consideran que «es obvio» que la falta de apoyo a las Juntas Vecinales, unido a la despoblación, desincentivan a la presentación de candidaturas.

Por ello, pide a las Administraciones competentes que aprueben los reglamentos que impone la Ley de Régimen local y doten a los Servicios de Asistencia a las Entidades Locales Menores de los recursos humanos necesarios.

Respecto al grupo de apoyo anunciado ayer por el PSOE, la Federación «lamenta sinceramente que el PSOE provincial, al contrario que ha hecho su partido en otras comunidades autónomas, no apoye expresamente a las organizaciones que representan de forma independiente e institucional a las entidades locales menores de León».

También denuncia «que algunos cargos orgánicos del PSOE han dado recomendaciones a pedáneos de su partido para no asociarse a las Federaciones de Entidades Locales Menores que se han ido constituyendo en Castilla y León, manifestando un claro recelo a organizaciones independientes que buscan defender a todas las juntas vecinales de León, superando los debates partidistas que tanto daño han hecho a la tradición concejil y democrática de León», expresan en una nota.

El PSOE ofrece un grupo de apoyo a juntas vecinales a partir del día 10

Diario de León, 29/11/2012.- El Partido Socialista anunció ayer que, a partir del próximo día 10 de diciembre, pondrá en funcionamiento un grupo de apoyo a las juntas vecinales «constituido con gente solvente, para hacer un asesoramiento contínuo a las pedanías y que éstas puedan cumplir los requisitos de transparencia y déficit que pide el Gobierno», indicó el secretario general, Tino Rodríguez. El grupo, con sede en las instalaciones del PSOE en la capital, estará integrado por los representantes socialistas en la Diputación, un presidente de juntas vecinales y un afiliado especializado en dirección y gestión de empresas. A ellos se sumará a partir del 2013, un asesor jurídico. «La idea, pionera, nace después de numerosas peticiones de los presidentes de las juntas vecinales leonesas y para no dar excusas al PP, que quiere disolver y hacer desaparecer a muchas de estas entidades locales menores para quedarse con su patrimonio», indicó. Rodríguez reiteró el compromiso de la Ejecutiva socialista con la continuidad de las pedanías, a las que defenderán de «los graves ataques y recortes del PP en la provincia, por ser unas entidades que garantizan el día a día de los pueblos y el mantenimiento de sus infraestructuras». A su juicio, el mundo rural es «indispensable y hay que impulsarlo», de ahí la formación del grupo asesor, que ayudará a elaborar la documentación relativa a los presupuestos, las ordenanzas, la gestión de caza y pastos de las entidades locales menores, que luego deberán refrendar los secretarios municipales o del SAM. El secretario de Política Municipal, Julio Fernández, puntualizó que «para que haya futuro en el medio rural se necesitan pobladores, y las juntas vecinales son las más cercanas a los ciudadanos, las que resuelven sus problemas más inmediatos y hacen así cómoda la vida en los pueblos». A partir de enero, el asesoramiento se extenderá a portavoces y alcaldes.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

La Federación da la bienvenida al “Grupo de Apoyo” del PSOE, pero le pide que no actúe partidistamente


COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN LEONESA DE ENTIDADES LOCALES MENORES
28 DE NOVIEMBRE DE 2012

LA FEDERACIÓN LEONESA DA LA BIENVENIDA AL “GRUPO DE APOYO” DEL PSOE, PERO LE PIDE QUE SE DEJE DE RIVALIDADES PARTIDISTAS EN ESTE TEMA ESENCIAL PARA LA PROVINCIA

La Federación Leonesa se felicita por el hecho de que el PSOE provincial haya puesto entre sus prioridades el apoyo técnico a las Juntas Vecinales de León, y para ello plantea crear un “Grupo de Apoyo” a las mismas. Sin embargo, la Federación lamenta sinceramente que el PSOE provincial, al contrario que ha hecho su partido en otras Comunidades Autónomas, no apoye expresamente a las organizaciones que representan de forma independiente e institucional a las Entidades Locales Menores de León y del resto de provincias de esta Comunidad Autónoma. También lamenta que algunos cargos orgánicos del PSOE hayan dado recomendaciones a pedáneos de su partido para no asociarse a las Federaciones de Entidades Locales Menores que se han ido constituyendo en Castilla y León, manifestando un claro recelo a organizaciones independientes que buscan defender a todas las Juntas Vecinales de León, superando los debates partidistas que tanto daño han hecho a la tradición concejil y democrática de León. También se echa de menos que el PSOE no reclame de la Junta de Castilla y León que se creen los Servicios de Asistencia a las Entidades Locales Menores que deberían existir en las Diputaciones Provinciales para atender las secretarías de las Juntas Vecinales, pues es ese apoyo de funcionarios públicos el que con más urgencia necesitan las Juntas Vecinales de Castilla y León.
La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores da la bienvenida al “Grupo de Apoyo” del PSOE provincial y a sus expertos, pero también le pide que ponga la subsistencia de las Juntas Vecinales y la mejora de su funcionamiento por encima de las rivalidades partidistas.

martes, 27 de noviembre de 2012

Crean el Frente Amplio Ciudadano para la defensa de las juntas vecinales en León

Leonoticias, 27/11/2012.- Un colectivo que no tendrá "siglas de ningún tipo" y que busca sensibilizar a la ciudadanía ante "esta amenaza real". Diversas organizaciones de León se reunieron el viernes pasado y vuelven a convocarse este jueves, en la sede de IU a las 20:15 horas para constituir un Frente Amplio Ciudadano en defensa de las juntas vecinales abierto a particulares y colectivos de la provincia y la ciudad de León que quieran “defender los concejos y su modelo democrático frente a la amenaza del Gobierno del PP”.
Este frente “no tendrá siglas de ningún tipo”, será abierta y tan solo ofrecerá “un objetivo”, defender la supervivencia de las juntas vecinales mediante la “información, sensibilización y movilización de la ciudadanía leonesa”.

Precisamente por este motivo, este jueves se constituirá una Comisión de Trabajo para iniciar la labor de ampliación del frente, de fijar fechas para sensibilizar mediante charlas públicas y finalmente para “salir a la calle e informar a la ciudadanía de esta amenaza real”.

La reforma de la financiación local: balance y perspectivas


Economía Digital. Juan José Rubio Guerrero - Catedrático de Hacienda Pública. UCLM - Foro Independiente de Analistas Fiscales.- La financiación local resulta en estos momentos un tema de trascendencia fundamental debido al sucesivo aplazamiento de su consideración como elemento estratégico de la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas. Históricamente, esto tendría cierta justificación ya que, desde la Transición política a un Estado democrático y social de derecho, el proceso de descentralización autonómica y de consolidación del llamado “Estado de las Autonomías” ha tenido prevalencia lógica en la configuración del modelo institucional del Estado español. Sin embargo, en estos momentos, el orden de prioridades debe alterarse, en aras a resolver problemas de funcionamiento normal de los servicios públicos municipales vinculados al diseño y desarrollo de la financiación local como elemento que actúa como restricción financiera de las competencias asumidas. El problema del pago a proveedores no es más que una consecuencia del incorrecto funcionamiento del sistema de gestión y financiación de las Corporaciones Locales.

En este momento, en el proceso de configuración del modelo territorial del Estado, parece lógico replantear y, en su caso, ordenar las competencias de los municipios y, por supuesto, dotarles de un sistema de financiación acorde con las competencias realmente ejercidas y las que han ido asumiendo, especialmente desde las CC.AA.. Sería el contenido de lo que se ha dado en llamar “segunda descentralización” y que tiene en la actualidad dos referencias de calado político. Por un lado, la tramitación parlamentaria para su aprobación del Proyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración local que permita alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, en el seno de la FEMP, sobre el cuadro de competencias a ejercer y, en consecuencia, a financiar, en aplicación de los principios de autonomía política y financiera de los Entes Locales. Por otro lado, España necesita una revisión en profundidad de la organización territorial a través de posibles reestructuraciones de entidades subcentrales, con el objetivo de dotar de mayor eficacia y eficiencia en la provisión de los servicios públicos a todos los niveles.

Conviene en este momento, hacer un diagnóstico preliminar del modelo institucional y financiero de las Administraciones Locales en España. Resumo brevemente el estado de la cuestión en esta materia. La situación a la que se enfrentan las Corporaciones Locales en España es consecuencia no sólo del reventón de la burbuja inmobiliaria que hizo que los ingresos extraordinarios se dispararan, sino también de una gestión deficiente que hizo que los gastos corrientes se ajustarán a estos excepcionales flujos de recursos financieros. El problema púes es que el sistema ha fallado y es necesario revisar el sistema en su totalidad.

Entre los aspectos más relevantes que es necesario revisar, destacaríamos los siguientes:

Desajuste creciente entre las funciones reales que están asumiendo paulatinamente y las competencias normativas definidas en su legislación básica, debido especialmente a la asunción de nuevas funciones por demandas de servicios más sofisticados de los ciudadanos y por los gastos de suplencia agravados por el proceso acelerado de inmigración de los últimos trece años. En este sentido, parece fundamental el estudio y diseño de un mapa local que esté perfilado en función de las necesidades demográficas, económicas y sociales actuales y orientado a formas más eficientes de prestación de los servicios a los ciudadanos. Como paso previo, será preciso agilizar los procedimientos de funcionamiento de los registros público donde se inscriben las entidades locales, para que se pueda conocer en todo momento la extensión, configuración y la actividad orgánica y económica del sector público local en España, con independencia de su naturaleza jurídica y de cara a su mejor control y rendición de cuentas.
Sistema de financiación que no aporta a las haciendas locales recursos suficientes para llevar a cabo su labor.
Legislación que limita el poder de autogestión y que se apoya en una tutela efectiva exorbitante por parte de otras administraciones, cuestión especialmente grave en el caso de las grandes ciudades, mientras que, por otra parte, conviene señalar la existencia de un amplio conjunto de Ayuntamientos incapaces de desarrollar adecuadamente sus funciones y de mantener una financiación estable a medio y largo plazo.
La mayores demandas de nuevos servicios propios de procesos de modernización y democratización de nuestra sociedad pivotan, especialmente, sobre la administración más próxima al ciudadano, es decir, la Administración Local. Por otra parte, en España, se ha producido una importante descentralización de competencias básicas del Estado como consecuencia del desarrollo de llamado “Estado de la Autonomías”, pero este proceso se ha limitado casi exclusivamente a un trasvase de competencias desde la Administración Central hacia las Autonómicas, sin una descentralización efectiva y eficaz hacia las Administraciones Locales, sin que ello signifique que las funciones de las Corporaciones Locales no hayan continuado creciendo de forma importante. La consecuencia ha sido que, a nivel local, no se ha concretado un esquema de financiación suficiente para las nuevas funciones. Por el contrario, se ha notado un nuevo impacto económico, de gestión y financiero en el ámbito municipal consecuencia del desarrollo de las nuevas competencias asumidas por la Comunidades Autónomas, ya que la capilarización del esquema de funciones y servicios se ha realizado a través de actuaciones cuya gestión eficiente exige un despliegue local con una cooperación y esfuerzo adicional de las Corporaciones Locales, en muchos casos, impuesta por la fuerza de los hechos y sin una adecuada participación en la planificación y en la financiación de los nuevos servicios por parte de las autoridades locales. El análisis de las series temporales de datos agregados de los presupuestos liquidados de los Ayuntamiento muestran que el gasto corriente ha crecido especialmente en las subfunciones y área de gestión local asociadas estrechamente a las competencias autonómicas.

En definitiva, se observa unas importantes carencias económicas en las Corporaciones Locales, cuyos factores de generación más relevantes se pueden resumir en los siguientes:

Falta de reconocimiento real del papel fundamental de las Corporaciones Locales en la provisión pública de servicios en un Estado moderno del bienestar. En España, existe una débil participación del gasto público respecto al total del gasto de las Administraciones Públicas que, además, se ha mantenido secularmente en torno al 13%, una excesiva contribución relativa de los ingresos propios y una débil participación de las aportaciones de las demás Administraciones Públicas a los presupuestos locales. No obstante, el nivel de participación local en el gasto público total depende en los distintos países del nivel de competencias asumidas por los Gobiernos Locales, por lo que no existe una regla fija que permita determinar ese nivel con carácter general.
Falta de una planificación concertada de recursos entres los tres niveles de organización territorial del Estado en el proceso histórico de descentralización. Se ha producido un proceso de descentralización evidente desde la Administración Central a la Autonómica, mientras que se echa en falta un proceso de descentralización desde el nivel autonómico al local. Desde la órbita política, es necesario reconocer la función local real en plano de igualdad con los demás niveles de gobierno, haciendo efectiva la autonomía municipal reconocida constitucionalmente.
La explosión de actividades y servicios no obligatorios que lastran de forma dramática los presupuestos municipales. Estas actividades inducen costes en los servicios de administración general y en los capítulos de inversión, de manera que, una vez imputados estos, alcanzan el entorno del 30% del gasto total municipal. El principio de subsidiariedad debe estar acompasado por un equilibrio entre financiación y el coste efectivo de las actividades y servicios a desempeñar. En caso contrario, y dadas las limitaciones excepcionales de endeudamiento de las Corporaciones Locales que reconoce nuestra legislación local básica, se puede ver seriamente comprometido el esfuerzo de los gobiernos locales por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, parece de justicia contemplar una compensación a los esfuerzos realizados para desarrollar servicios de suplencia que han sido crecientes en estos últimos años, como prerrequisito para crear las condiciones de una evolución equilibrada y sana de la función local. Parece justo reforzar la aportación del Estado hacia políticas estratégicas, tales como la inmigración, el transporte urbano y la politica de vivienda, donde confluyen intereses nacionales, regionales y locales. En todo caso, es necesario abordar integralmente la regulación de las funciones encomendadas a la administración local mediante la atribución de un conjunto cerrado de competencias precisas que permitan garantizar su suficiencia financiera.
Asimismo, sería necesario que esta regulación evitara la actual proliferación de entidades integrantes del sector institucional local, limitando las causas de constitución de entes instrumentales a su vinculación con la ejecución efectiva de prestación de servicios públicos o con el desarrollo de actividades económicas reales.
Un sistema de financiación excesivamente volcado en los recursos propios, centrado en ingresos por impuestos de producto, cuya característica más relevante es la escasa elasticidad renta y, por tanto, su falta de adecuación de los niveles de recaudación a la coyuntura económica. El sistema actual de imposición local no se adecua a la nueva filosofía que vincula la financiación local a la prestación de servicios personales, por lo que se exige una mayor vinculación entre fiscalidad local y variables económicas como renta y consumo, frente a un esquema de financiación local apoyado en la imposición sobre la propiedad y que se vinculaba al fenómeno arcaico de prestación de servicios locales relacionados con el patrimonio inmobiliario de los ciudadanos. El nuevo sistema de financiación local exigiría, con el fin de ajustarse a las características reales de los espacios municipales teniendo en cuenta su diversidad, los siguientes ajustes:
Corregir la insuficiente e inadecuada participación en los ingresos generales del Estado (PIE), cuyos criterios de distribución pivotan, en exceso, sobre el elemento “población”.
Una muy insuficiente participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas. El escaso desarrollo de la participación municipal en los tributos autonómicas, salvo mediante fórmulas particulares de subvención condicionada, hacen necesario implantar participaciones municipales incondicionadas en los recursos de las mismas (PICAs).
Una revisión de los recursos propios que afectarían al significado, gama y rendimiento de las principales figuras tributarias. Se debería valorar la incorporación de tributos medioambientales o la participación en la tributación de impuestos especiales o la incorporación del “céntimo sanitario” municipal.
La profundización de la tributación basada en el principio del beneficio a través de una redefinición y aumento de la capacidad de las tasas para cubrir los servicios correspondientes susceptibles de ser financiados por esta vía.
La incorporación de expedientes casi automaticos que impidan el incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras Administraciones Públicas mantienen con los ayuntamientos.
Atención a la diversidad tipológica de los Ayuntamientos, es decir, establecer un marco de tratamiento competencial y financiero que garantice la igualdad de los ciudadanos pero que evite enfoques excesivamente simplistas y uniformes teniendo en cuenta la diversidad de las carencias económicas y de la problemática de la gestión de los Ayuntamientos: grandes ciudades, pequeños municipios, municipios rurales, municipios turísticos,. En este sentido, dado que el minifundismo municipal es un obstáculo para la prestación eficaz y eficiente de los servicios público locales en España, parece necesaria la promoción de la intermunicipalidad, con un planteamiento inteligente y definido a medio plazo a través de la adopción de medidas de estímulo de la actuación conjunta de los municipios para la prestación de servicios públicos locales con claras externalidades positivas a nivel supramunicipal. En este sentido, las Diputaciones Provinciales tienen un importante papel a asumir como gestores de servicios públicos a nivel provincial. Sin embargo, se echa de menos que los órganos competentes de las CC.AA. hayan establecido unos estándares mínimos de calidad de los servicios públicos municipales, incluidos los prestados por entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), que puedan servir, en su caso, para justificar la iniciación de expedientes dirigidos a fundamentar posibles decisiones relativas a la fusión de municipios o pronunciarse sobre la extinción de las EATIM. En este sentido, parece necesario llevar a cabo una profunda modificación de la Regulación Básica del Régimen Local, de manera que las corporaciones locales en cuyo ámbito se hubieran constituido estas entidades quedaran obligadas a efectuar controles períodicos sobre la calidad y suficiencia de los servicios locales por estas prestados, su coste para las arcas municipales y su viabilidad económica y administrativa. Bajando un peldaño, parece necesaria la modificación del contenido de las Instrucciones de Contabilidad Local con el fin de ampliar la memoria que debe acompañar a las cuentas generales de los ayuntamientos, mediante la inclusión de información relativa al grado de cumplimiento de los servicios asumidos por las entidades locales menores, del coste de su sostenimiento económico y la viabilidad económica y administrativa de esta.
Dificultades para desarrollar un control financiero riguroso en, al menos, un 25% de los Ayuntamientos españoles. Una prueba de ello es la incapacidad de presentar planes de viabilidad para poder pagar a los proveedores, aprovechando el mecanismo de financiación puesto a su disposición por el Gobierno Central. En este sentido, el Ministerio de Hacienda tiene prevista la aprobación de una normativa muy estricta respecto a la delimitación de las competencias de estos ayuntamientos, que por lo general son de muy reducido tamaño, así como el establecimiento de techos de gasto.
En esta ámbito, surge un tema algo vidrioso, como es la fiscalización de las cuentas de las corporaciones locales. Se plantea la posibilidad de qué firmas de auditoría privada puedan estudiar las cuentas de los entes locales ya que la intervención del Estado no tiene recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a esta denominada coloquialmente “intervención de los ayuntamientos”.